Camps desafía al Gobierno e impone su particular visión sobre Ciudadanía

Con la entrada en vigor, hoy, de la orden educativa que obliga a profesores y a alumnos a estudiar la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en inglés, la Generalitat de Francisco Camps da otra vuelta de tuerca más en su estrategia de enfrentamiento con el Gobierno central. La disposición rubricada por el responsable autonómico del ramo, Alejandro Font de Mora, lleva además impreso el sello del 10 de junio: fecha que coincide con las masivas protestas de padres, alumnos, profesores y directores celebradas ese día en las tres capitales valencianas.

"Es antipedagógico: se obliga a estudiar en un idioma que el alumno no domina"

Las manifestaciones con el lema Prou tenían, precisamente, como eje central la esperanza de que Camps pusiera "punto final a las políticas del no" aplicadas por la consejería en todos los decretos que desarrollan la Ley Orgánica de Educación -aprobada por el Gobierno socialista con la oposición del PP- y retomara la senda del "diálogo".

Lejos de ello, el envite lanzado ayer por Camps al publicar la orden sin tocar ni una coma de un texto susceptible, según los sindicatos, de ser "ilegal" y "recurrible", anticipa un frente judicial de dimensión desconocida.

De entrada, Miguel Ángel Vera de CC OO, el primer sindicato que recurrirá hoy mismo la orden valenciana, advirtió a Font de Mora de que "recurre al Contencioso-administrativo con el objetivo de que el Tribunal Superior de Justicia declare ilegal la orden. Y en paralelo, en el momento procesal oportuno, presentará un segundo recurso por la vía penal por supuesto delito de prevaricación por firmar la orden". Albert Sansano del STEPV, que ayer ultimaba el recurso, anticipó que la iniciativa "supone una violación a la libertad de cátedra". Gerardo Fernández de Fete-UGT, sindicato que también recurrirá, censuró "la inadmisible utilización de la Educación como ariete político contra el Gobierno".El Gobierno central está dispuesto a recurrir la orden valenciana de Educación para la Ciudadanía -publicada ayer en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana- si el texto normativo "cuestiona el carácter obligatorio" de esta asignatura de nuevo cuño creada al amparo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada por el Congreso en 2006. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, señaló ayer en conferencia de prensa que "esta asignatura es obligatoria como todas las demás según la ley. Y, si esto no se cumple, el Gobierno tendrá que recurrir".

La orden valenciana de Educación para la Ciudadanía establece "formas de organización pedagógica" -para su implantación, el próximo año lectivo, en el 2º curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria- que no figuran ni en la ley estatal, ni en el Real Decreto del ministerio que regula el currículo de esta nueva asignatura puntuable. Y lo hace mediante varias innovaciones que, según Albert Sansano del STEPV, "vulneran varios principios reconocidos en normas superiores".

El primero consiste en impartir la asignatura íntegramente en inglés, porque se trata de una apuesta absolutamente "personal" del presidente Camps. A sabiendas, sin embargo, de que no existe ni el profesorado capacitado para dar esta asignatura íntegramente en inglés (ni en Primaria, ni en Secundaria); ni el alumnado está en condiciones de analizar el cambio climático o los derechos humanos en un idioma en el que prácticamente toda España suspende.

"Se trata de una acción claramente antipedagógica y amoral, porque obliga a impartir una asignatura utilizando un código lingüístico que el alumnado no domina, como demuestran las evaluaciones de la consejería". Para Sansano, esta medida "está fuera de la legalidad y vulnera la autonomía organizativa de los centros y el respeto a las lenguas oficiales reconocidas por el Estado como instrumento vehicular del aprendizaje".

La segunda "ocurrencia" -coinciden sindicatos y la Confederación de Federaciones de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya- es que "contempla la objeción de conciencia, que es una medida perfectamente ilegal" a través de una "opción B" de estudio hecha a medida de las familias objetoras (unas 3.500 en la Comunidad Valenciana). La orden concede a estas familias "el control del proceso educativo de sus hijos" y la garantía de que no tendrán que asistir al curso completo presencial para aprobar, si presentan un trabajo trimestral escogido por ellos.

"Esto es una burla en toda regla", resumió ayer Gemma Piqué, vicepresidenta de la confederación, que además denuncia: "La orden se ha tramitado de forma unilateral por la consejería y sin analizarse, ni debatirse ni en el Consejo Escolar Valenciano".