Erdogan acusa a los jueces de violar la voluntad popular

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó ayer al Tribunal Constitucional de haber violado la "voluntad nacional" con su decisión, adoptada el jueves, de anular la ley que autorizaba el uso del velo islámico en las universidades. En un vibrante discurso ante los diputados del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en el Parlamento de Ankara, Erdogan exigió al Alto Tribunal que justifique y haga públicos los fundamentos de su fallo.

Los islamistas moderados del AKP temen que se produzca en unos meses un segundo golpe judicial si el mismo tribunal falla a favor de otra demanda para ilegalizar el partido presentada por el fiscal jefe del Tribunal Supremo.

"Nadie puede suplantar a los legisladores", dice el primer ministro

El choque entre el aparato laico de Estado, encarnado por jueces y militares, y el Gobierno de base islamista ha desencadenado una de las crisis más graves en la reciente historia de Turquía. El partido de Erdogan, que gobierna desde 2002, estudia recortar los poderes del Constitucional para evitar la ilegalización.

"Invalidar la voluntad del pueblo es una actitud contraria a la voluntad nacional", afirmó el primer ministro. Las universidades turcas impiden desde el viernes el acceso a las alumnas cubiertas por el turban o pañuelo islámico, después de que el alto tribunal declarara que era contrario a los principios constitucionales inmutables del Estado laico.

La prohibición que pesaba contra este símbolo religioso del islam fue levantada en febrero tras una reforma aprobada en el Parlamento con más de 400 votos a favor y un centenar en contra. Dos terceras partes de las mujeres se cubren la cabeza con el pañuelo en Turquía, un país laico en el que el 99% de sus habitantes se declara musulmán.

"El poder legislativo pertenece únicamente a esta gran Asamblea Nacional. Nadie puede retirarle ese poder ni suplantar a los legisladores", tronó Erdogan entre los aplausos de sus partidarios. Luego les exhortó a la moderación y al "sentido común": "Debemos respetar el Estado de derecho y evitar que Turquía se vea envuelta en un choque de poderes". Tras su discurso, los diputados del AKP se reunieron a puerta cerrada con la dirección del partido.

En intervenciones paralelas, los líderes de la oposición turca analizaron el fallo del Constitucional. El conservador Devlet Bahceli, presidente del Movimiento Nacionalista (MHP), advirtió de que la crisis puede degenerar en un "colapso del régimen". Bahceli y sus diputados apoyaron la ley del pañuelo, pero ahora se distancian del AKP. El socialdemócrata Deniz Baykal, que representa a los sectores que defienden el Estado laico, exigió a los islamistas que acaten la decisión de los jueces.

Erdogan y otros 70 altos cargos del AKP están amenazados con ser inhabilitados para la política en la demanda de ilegalización presentada por el fiscal jefe del Supremo. El partido en el poder se plantea recortar los poderes del Tribunal Constitucional mediante una reforma constitucional, según los analistas de la prensa turca. Al parecer, descarta la convocatoria de elecciones anticipadas. Si el Alto Tribunal declara proscrito al AKP, sus militantes tienen la opción de fundar otro partido, como ocurrió en 2001, cuando el movimiento Fazilet (islamista) fue ilegalizado.

"El veredicto demuestra que es imposible para el Parlamento impulsar cualquier reforma sustancial para reinterpretar los principios de laicismo y unidad de la nación", advierte Yavuz Baydar, columnista del diario Zaman, tras recordar que la vigente Constitución se aprobó en 1982, bajo la tutela del Ejército tras el golpe de Estado de 1980.

El AKP pretende "desmantelar la estructura de poder del Tribunal Constitucional", según las informaciones periodísticas, "mediante un recorte de sus atribuciones". El partido gobernante necesita el apoyo de diputados del MHP (ultraderecha) y nacionalistas kurdos para aprobar una reforma parcial de la Constitución con el voto de más de dos tercios del Parlamento. En las legislativas de julio de 2007, los islamistas superaron el 47% de los votos.

El Alto Tribunal turco ha sido criticado por entrar a juzgar el contenido de la reforma que levantó la prohibición del uso del velo, cuando la propia Constitución limita su papel a dictaminar si se respetó la forma legal. Pero, antes de abandonar el primer plano de la política, los militares se preocuparon de declarar "inamovible" este principio constitucional: "No puede haber interferencia de la religión en los asuntos públicos". Precisamente, los jueces se ampararon en él para enterrar la ley del pañuelo.