Un documento identificará a quienes 'aprueben' el cursillo para inmigrantes

El ambicioso contrato de integración de inmigrantes, rebajado más tarde a compromiso, se ha quedado en un "programa voluntario de comprensión de la sociedad valenciana". Así lo indica el anteproyecto de la ley de Integración de los Extranjeros en la Comunidad Valenciana, a cuyo articulado ha tenido acceso este diario.

A través de esta especie de cursillo, la Generalitat proporcionará a los extranjeros "los conocimientos básicos [de la sociedad valenciana]". Es decir, se trasladará a los inmigrantes no comunitarios mayores de edad "los valores y reglas de convivencia democrática, los derechos y deberes que le asisten como ciudadano, la estructura política, la cultura, los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana y las implicaciones de la interculturalidad".

Quienes aprueben este curso, obtendrán un documento que servirá para identificarles. "La persona que supere con aprovechamiento dicho programa recibirá un certificado acreditativo", recoge el texto de la norma, que no especifica en qué consiste este "aprovechamiento".

Además del contrato, la ley de Integración, de exclusiva aplicación a los inmigrantes de países que no pertenezcan a la Unión Europea, incluye un compendio de derechos sanitarios, educativos, laborales y de vivienda ya recogidos en la legislación valenciana o estatal. Así, alude a la gratuidad de la educación de los menores inmigrantes, la asistencia a extranjeras embarazadas o a la asistencia sanitaria de urgencia. Respecto al acceso a la tarjeta sanitaria, se remite a "los cauces establecidos por la norma aplicable" y "siempre que reúnan los requisitos imprescindibles para su obtención".

Esta versión del anteproyecto -fechada el día 3 de junio, tres días antes de que el Consell la abordara en el pleno celebrado el viernes pasado- no deja nada claras las aplicaciones prácticas que tendrá este título, más allá de aludir a que el interesado "lo podrá hacer valer en sus relaciones sociales y jurídicas".El anteproyecto de ley de Integración de los Extranjeros abre la puerta a Ayuntamientos, ONG, sindicatos, organizaciones empresariales "y otras entidades de interés general" en todo lo que se refiere al "sistema de ejecución y participación" en el programa de formación a inmigrantes.

Como contrapartida a la aplicación de esta polémica medida, que ha levantado ampollas entre asociaciones de inmigrantes y firmes adhesiones -alentadas algunas de ellas por la propia Consejería de Inmigración-, la Generalitat "se obliga a crear el marco adecuado para que los extranjeros puedan mantener su cultura y costumbres propias".

El texto remite a una posterior regulación de los centros de acogida y emplaza a la Generalitat a elaborar planes de integración. Por lo demás, incluye una larga lista de medidas destinadas a impulsar, promover, facilitar, promocionar, fomentar, apoyar o garantizar cuestiones como la no discriminación de mujeres, jóvenes y menores extranjeros, la familia de los inmigrantes, el codesarrollo o su participación ciudadana.

Pese a haberse convertido en el estandarte de la gestión del consejero de Inmigración, Rafael Blasco, el contrato-compromiso-programa de integración apenas centró el debate en el Foro de la Inmigración, celebrado ayer, y que no se convocaba desde enero de 2006. "No nos han trasladado ni una palabra por escrito del documento", se lamentaba Lola Duato, de la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants. "Si acaba siendo un cursillo, le damos la bienvenida al Consell al grupo de entidades que llevamos dando todo tipo de formación a los inmigrantes", comentó Luis Poveda, de la Red Sahel.

El plato fuerte de la sesión de ayer fue la presentación del Plan de Inmigración y Convivencia 2008-2011, cuya dotación económica elevó el consejero a 6.420 millones de euros -el presupuesto del departamento de Inmigración de este año asciende a 97,6 millones de euros-. Rafael Blasco explicó que este paquete de medidas cuenta con 32 objetivos, 51 programas y 186 acciones repartidas entre las diferentes consejerías de la Generalitat, especialmente Sanidad y Educación, y del que se beneficiarán más de 732.000 personas.

Entidades como la representada por Poveda replicaron al consejero que si a este programa no se le dota de asignación presupuestaria específica no será más que "una venta de humo".

Blasco anunció su intención de aumentar las entidades presentes en el Foro y pasar de los 24 miembros actuales a 36 para incrementar la pluralidad de este órgano consultivo. La asociación de inmigrantes ecuatorianos y latinoamericanos Rumiñahui censuró ayer su "exclusión" de la reunión de ayer. "Han convertido el foro en un instrumento político", indicó uno de sus portavoces.