La mayoría de alcaldes vulnera la ley al contratar arquitectos externos

El 87% de los municipios de menos de 20.000 habitantes examinados por el Consello de Contas durante los últimos dos ejercicios vulneran la ley al externalizar la contratación de arquitectos o aparejadores para emitir sus informes urbanísticos. La advertencia la repiten los dictámenes del organismo auditor en párrafos calcados a una treintena de alcaldes de todos los colores políticos.

Entre los flagrantes incumplimientos que denuncian los informes de fiscalización del urbanismo, los ponentes citan los ayuntamientos de Portas y Ribadumia, ambos gobernados por el PP, como ejemplos de contrataciones exóticas. En ambos municipios, el responsable de emitir los dictámenes urbanísticos es un "arquitecto nombrado con carácter honorífico", categoría inexistente en la regulación del personal de las Administraciones Públicas, que además figura en el Registro Mercantil como administrador único de dos sociedades inmobiliarias con sede en Cambados y Meis. La coincidencia del objeto social de las empresas "no garantiza", según Contas, "la objetividad, imparcialidad e independencia en la elaboración de informes, ni la inexistencia de conflicto de intereses".

Lo público y lo privado se mezclan también en Mondoñedo, donde la directora de la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento fue a su vez autora de un proyecto de obra al que el Gobierno local concedió licencia en 2004. El ponente advierte también sobre la colisión de intereses en este caso.

En los informes de fiscalización del urbanismo los ponentes invocan dos normas, la Lei de Administración Local de Galicia y la Ley de Bases de Régimen Local, para advertir de que "las funciones atribuibles a los ayuntamientos responden a una necesidad de carácter permanente, cuyo desempeño debe encomendarse a personal funcionario como garantía de independencia, objetividad e imparcialidad".

Unos principios que también contravienen municipios como Sobrado, Silleda, O Rosal, Toques o Agolada que durante los últimos años han recurrido a asistencias técnicas y servicios de consultoría para resolver informes urbanísticos imprescindibles para otorgar permisos de construcción y obras. El propio Consello de Contas avisa en cada una de sus auditorías de que tales contrataciones irregulares podrían dar lugar a la invalidez de los actos administrativos, nulos desde el punto de vista legal.

Cabeza de Manzaneda, Montederramo, Pol, A Porqueira, Bande, A Bola, Marín y Rodeiro también han externalizado estos servicios saltándose la normativa legal. Y en otros municipios como Cerdedo, Riotorto y O Saviñao ni siquiera consta que exista alguna relación contractual entre los autores de los informes y los ayuntamientos. Idéntica situación es la que ha dado lugar en Barreiros a uno de los desarrollos urbanísticos más caóticos de la costa gallega, que obligó a la Consellería de Política Territorial a suspender en febrero de 2007 el planeamiento urbanístico de esta localidad lucense. Pese a haber visado en un año permisos para 6.000 viviendas, el Consello de Contas no ha podido averiguar la relación del autor de los informes con el Ayuntamiento de Barreiros. La auditoría a la gestión del Gobierno de Valdoviño determinó que el arquitecto municipal suscribió estudios antes de acceder al puesto por un concurso oposición.

En Pontecesures, el responsable de supervisar los proyectos urbanísticos fue contratado en "régimen laboral temporal", una práctica que según el informe fiscalizador vulnera la normativa de la función pública. El Consello de Contas asegura que "este tipo de funciones, dada su naturaleza y carácter permanente, deberían ser prestadas por personal sujeto al estatuto funcionarial".