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La mafia policial de Coslada

Una prostituta acusa al 'número dos' de Ginés de extorsionarla

La mujer accedía a darle servicios gratuitos por miedo a represalias

Cubierta hasta las cejas con gorra blanca, gafas oscuras y cazadora ancha, acudió ayer a una rueda de reconocimiento una de las prostitutas que actúan de testigo protegido en la investigación de la operación Bloque. Según las diligencias previas del sumario, la meretriz mantuvo relaciones sexuales no remuneradas con el supuesto número dos del Bloque, Carlos M. G., incriminado por la presunta trama de corrupción policial en Coslada destapada el 8 de mayo, que supuso la detención de 27 agentes locales. El sumario también indica que la mujer acudió a fiestas con más agentes en las que se mantenían relaciones sexuales y en las que tampoco le pagaban por sus servicios.

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Ayer, Carlos M. G. fue incriminado por la meretriz, según fuentes de la defensa. Lo identificó durante la rueda de reconocimiento como uno de sus extorsionadores. Explicó que el agente nunca la forzó, pero que ella accedía a darle servicios gratuitos por temor a represalias.

Su testimonio se suma al de varias meretrices que participaron en una rueda de reconocimiento el 23 de mayo y también lo reconocieron como uno de sus extorsionadores. Junto a Carlos, se sometieron a ambas ruedas de reconocimiento otros dos agentes: Adrián J. P. y Antonio José C. A. Ninguna de las testigos protegidas reconoció al último. Adrián J. P. fue identificado, el 23 de marzo, por prostitutas del Club Oasis de Coslada. Ayer, la testigo aseguró conocerle sólo de vista.

También acudieron al reconocimiento dos de los tres presuntos proxenetas de las chicas, de origen rumano y nombres Catalin e Ionut. El tercer acusado, Francisc no acudió a la rueda de reconocimiento por encontrarse ingresado en un centro hospitalario tras un intento de suicidio en la cárcel de Soto del Real, según fuentes de la defensa. La meretriz que acudió ayer a la rueda de reconocimiento también incriminó a Catalin por extorsión.Los tres agentes están acusados, entre otras infracciones, de un delito de incitación a la prostitución. Carlos M. G. es quien acumula mayor número de imputaciones por diversos delitos: asociación ilícita, incitación a la prostitución, abusos sexuales, delitos contra la integridad moral, lesiones, sustracción y apropiación indebida de droga y dinero, prevaricación, estafa y delitos contra la Administración de justicia. Adrián J. P. y Antonio C. están acusados de asociación ilícita, incitación a la prostitución y detención ilegal.

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"Carlos M. G. podría haber mantenido relaciones sexuales con prostitutas sin ningún tipo de contraprestación económica", establece el sumario del caso. De éste se desprende durante una llamada telefónica, intervenida por la policía, que Carlos organiza una comida para todo el grupo de El Bloque. Al terminar la celebración anima a sus compañeros a ir al club La Pirámide, en un polígono de Coslada. Allí varios miembros del grupo de policías mantienen relaciones con cinco prostitutas. Éstas prestan sus favores sexuales sin recibir dinero a cambio. Dos de las meretrices procedían de un polígono industrial en Vicálvaro (Madrid) y las otras tres ejercían su actividad en el club Oasis de Coslada. Una de las testigos protegidas declaró a los policías que realizan la investigación del caso que "Carlos y sus amigos nunca pagaban, por ser policías municipales".

Esta testigo relata cómo Carlos se encontró el pasado 9 de marzo con ella y la invitó a subir al BMW que conducía, la llevó a una fiesta donde se encontró con ocho amigos del imputado y otras chicas que mantuvieron relaciones sexuales con los presentes.

La investigación de la presunta trama de corrupción policial se ramifica. El juez que instruye el caso, Eduardo Cruz Torres, se ha inhibido a favor de los juzgados de Coslada de gran parte de la investigación. El Juzgado de Instrucción número 21 de la plaza de Castilla se encargará, en adelante, de la supuesta extorsión por parte de agentes a prostitutas de Vicálvaro, ya que la zona corresponde a Madrid. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Coslada, María de las Nieves Martínez, se encargará en delante de las diligencias sobre presuntas extorsiones por parte de policías locales a locales y comercios del municipio, a las que se enfrentan Ginés Jiménez, antiguo jefe de la Policía Local de Coslada, y otros 10 agentes municipales encarcelados.

Juzgados de plaza de Castilla. Nueva ronda de reconocimiento del <i>caso Coslada.</i>
Juzgados de plaza de Castilla. Nueva ronda de reconocimiento del caso Coslada.LUIS SEVILLANO

El PP, el alcalde y Rubalcaba

El consejero de Presidencia del Gobierno de Madrid, Francisco Granados (PP), pidió ayer la dimisión del alcalde de Coslada, Ángel Viveros (PSOE), por unas conversaciones telefónicas incluidas en el sumario de la Operación Bloque. Granados acusa a Viveros de connivencia con "todo lo que se estaba produciendo alrededor de la Policía Local". En las grabaciones, Ginés Jiménez conversa con el juez Carlos Nogales, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Coslada, acerca del comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Coslada-San Fernando, con quien Jiménez tenía una fuerte enemistad.

Los policías dependientes de la comisaría habían policías había detenido a un agente local vestido de uniforme, por presuntos malos tratos a su mujer, lo que ambos criticaban. Jiménez asegura durante la conversación: "El alcalde le ha dicho a Rubalcaba que se lleven a este tío ya", en referencia al comisario de la Policía Nacional.

El alcalde socialista, Ángel Viveros, negó ayer "rotundamente" haber mantenido ninguna conversación a ese respecto con Rubalcaba. El Ministerio del Interior también desmintió que su titular o cualquier otro responsable de departamento hablasen con Viveros acerca de la destitución del comisario del Cuerpo Nacional de Policía.

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