El Consell autoriza la subida de la vivienda de protección pública

La vivienda protegida será más cara a partir de ahora. El Consell aprobó ayer un nuevo decreto que permite a los promotores subir el precio de la vivienda de protección (VPP) entre un 5% y un 10%. El encarecimiento de esta clase de viviendas intenta dar respuesta a las demandas de los promotores, por un lado, y poner más VPP en el mercado para atender la demanda, por otro.

La Generalitat cifra en 914 millones el coste del convenio universitario

Con la nueva regulación, el Consell adapta su legislación a la normativa estatal y hace uso, por vez primera, de la figura de "municipio singular". Esta denominación permite fijar precios más altos a la VPP en ciudades donde el metro cuadrado es mucho más caro. Una clasificación, ya utilizada en otras autonomías, que estrenará la ciudad de Valencia.

La traducción en euros de esta nueva clasificación supone que si una VPP de 90 metros cuadrados costaba algo más de 138.000 euros (más de 23 millones de las antiguas pesetas) en la ciudad de Valencia, ahora saldrá a la venta por unos 162.000 euros (alrededor de 27 millones de las antiguas pesetas).

La subida de la vivienda tasada pretende, sin embargo, estimular la construcción de VPP en los municipios donde los precios eran más bajos, lo que hacía prácticamente imposible que los promotores ofreciesen esta clase de pisos.

El Consell puso ayer especial énfasis en recalcar que, aunque sube los precios de la VPP, el incremento no llega a los topes máximos establecidos por el Gobierno para toda España.

El decreto se aprobó conjuntamente con un convenio tipo que la Generalitat suscribirá con los Ayuntamientos que quieran impulsar la VPP. Estas medidas forman parte del Plan Estratégico de la Vivienda que ha elaborado el departamento de Medio Ambiente, que dirige José Ramón García Antón. El Consell también revisó ayer las ayudas para la vivienda.Entre las medidas adoptadas por el Consell para estimular el mercado de la vivienda se incluye también la posibilidad de que los promotores puedan recalificar como viviendas protegidas, en cualquiera de sus modalidades, pisos de renta libre. Esta medida solo se podrá aplicar en las fincas nuevas o que no hayan cumplido el año desde que se les concedió "licencia de primera ocupación, certificado final de obra o cédula de habitabilidad".

La posibilidad de recalificar viviendas de renta libre en pisos de protección oficial está pensada para los promotores que se han visto atrapados por el parón inmobiliario y la bajada de las ventas. Aunque la recalificación de los pisos obliga a cumplir con los requisitos fijados respecto a las superficies y los precios máximos, que solo podrán ser comprados por personas que cumplan con los requisitos fijados para la VPO y que tendrán las ayudas previstas.

El decreto aprobado por el Ejecutivo valenciano, que preside Francisco Camps, también regula las ayudas al alquiler, tanto para los inquilinos que disponen de pocos ingresos como para los promotores de viviendas protegidas en alquiler. En este conjunto de medidas, la Agencia Valenciana de Alquiler ofrecerá a los propietarios que ofrezcan sus viviendas un seguro de caución por impago de rentas y un seguro multiriesgo por posibles daños. Una medida que ya ofrecía la Agencia de la Generalitat en determinados supuestos y que ahora generalizará.

El decreto adapta también a la legislación estatal tres figuras ya creadas en la Comunidad Valenciana: la vivienda de acceso concertado (la que tiene un precio establecido para las personas con ingresos altos para acceder a la VPO pero bajos para comprar una vivienda de renta libre); el alquiler con opción a compra y la vivienda rehabilitada. El Consell establece una serie de ayudas a inquilinos, compradores y promotores que utilicen estas fórmulas y que completa las ayudas estatales.

El pleno del Consell en el que se aprobó un decreto que tendrá trascendencia para el sector inmobiliario también aprobó otras cuestiones. El Ejecutivo que preside Francisco Camps también aprobó un convenio para refinanciar la deuda que mantiene con las universidades públicas valencianas.

Así, el Ejecutivo valenciano acordó refinanciar hasta el año 2022 las cantidades que tenía que haber abonado a las universidades en la pasada legislatura.

Según los cálculos hechos por el Consell, en los próximos 14 años la Generalitat tendrá que pagar a las universidades valencianas un total de 891 millones de euros, que se sumarán a los 23,3 millones que recibirán este año. Este convenio obligará a las universidades a endeudarse para hacer frente a sus obligaciones. Según el Consell, con esta refinanciación a 14 años se pagará la deuda más los intereses de los préstamos que tendrán que asumir las universidades. La Generalitat que preside Francisco Camps se compromete a pagar religiosamente sus compromisos a partir del año que viene para no hacer la bola más grande con las universidades.

En su reunión, el pleno del Consell dio luz verde también al convenio con el Ayuntamiento de Valencia para construir un nuevo centro de acogida de inmigrantes en la ciudad. Sin embargo, el Gobierno valenciano no analizó ayer, ni siquiera se mencionó, la primera versión del contrato para inmigrantes que prepara la Generalitat. El pasado jueves, la diputada del PP Marisol Linares anunció en el pleno de las Cortes que el Consell abordaría ayer el asunto. Fuentes del Gobierno valenciano indicaron que Linares no estaba bien informada.