La Junta promete que una de cada cuatro casas construidas serán de VPO

Una de cada cuatro viviendas que se construya en Andalucía en los próximos cuatro años será de protección oficial. El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, anunció ayer los retos de su política de Gobierno hasta 2012 entre los que incluyó "cuadriplicar las opciones de los ciudadanos de acceder a viviendas de calidad". Espadas informó de que en 2007 "sólo el 7% de las viviendas terminadas fueron protegidas, menos de una por cada 10 de renta libre".

Espadas se comprometió a que, en virtud del Plan de la Vivienda que se pretende aprobar en el Consejo de Gobierno de final de este mes, se construyan hasta 2012 un total de 132.000 viviendas protegidas en Andalucía, de las que 100.000 se terminarán en la actual legislatura, y se realicen más de 105.000 actuaciones de rehabilitación. El consejero se fijó el objetivo de que por cada euro público invertido en vivienda se generen otros tres del sector privado, y cifró ese escenario de inversión en la legislatura en 12.000 millones de euros.

Asimismo, anunció que para 2008 la Junta va a licitar suelo para la construcción de 14.000 viviendas protegidas, que supondrán una inversión pública de 862 millones de euros y que generarán 15.000 empleos directos.

Además de la apuesta por la VPO, el consejero anunció un incremento de las ayudas para la adquisición de vivienda y para la rehabilitación, con el establecimiento de un tope de un tercio de los ingresos familiares para el pago de hipotecas en el caso de adquisición y de una cuarta parte en el caso de alquiler.

Espadas desgranó, en su primera comparecencia parlamentaria, un decálogo de objetivos generales de su departamento, entre ellos "la de construir un escenario de confianza y colaboración mutua entre la Administración autonómica y local para compartir, de abajo a arriba, el modelo de desarrollo territorial".

En cuanto al Plan de Vivienda, Espadas anunció que se concederán 10.000 ayudas para inquilinos y arrendadores, de las que 8.000 se tramitarán en la legislatura. Asimismo, informó que Andalucía ha tramitado y se han concedido ayudas para un total de 5.634 expedientes de Renta Básica de Emancipación.

Por otro lado, Espadas admitió que los últimos años de bonanza económica de la comunidad "han sido también de grandes inquietudes sociales" debido a cuestiones como la "expansión urbana descontrolada, sus consecuencias ambientales y paisajísticas negativas y las prácticas corruptas". Por ello, afirmó que "ha llegado el momento del uso inteligente del territorio" y abogó por superar "una época de desorden, de visiones excesivamente centradas en el corto plazo y muy poco sostenibles ambiental y socialmente". Para ello, anunció, además de la creación de la nueva Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial, el desarrollo de un Observatorio de Vivienda y Suelo de Andalucía para "que actúe como órgano de apoyo, análisis y evaluación de las políticas urbanísticas y sus repercusiones económicas y sociales".

El consejero adelantó la próxima toma de posesión de los primeros 25 inspectores que se incorporan para desarrollar las competencias en materia de disciplina urbanística.

La respuesta de la oposición a la intervención de Espadas corrió a cargo de la diputada del PP, Alicia Martínez, quien urgió a la Junta a cumplir sus compromisos, alertó de la inseguridad jurídica creada por la "superproducción normativa" y criticó que el Pacto por la Vivienda carezca de plazos concretos. Martínez acusó a la Junta de "pasividad y complicidad" en la etapa de desarrollo urbanístico especulativo, y se cuestionó cómo espera la Junta la adaptación en breve plazo de los PGOU municipales para poner en marcha el Plan de Vivienda con las restricciones del POTA, del que pidió a Espadas que explique que va a hacer con él.