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Columna
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Trampas en el solitario

La semana pasada el lehendakari Ibarretxe anunció el arranque de una hoja de ruta parlamentaria, electoral y refrendataria cuyo destino último sería la convocatoria en 2010 de una consulta jurídicamente vinculante a fin de que la ciudadanía de la comunidad autónoma pudiera pronunciarse sobre el derecho de autodeterminación del País Vasco. Esa larga marcha se propone en realidad retroceder hasta el Acuerdo de Estella, suscrito exclusivamente por los nacionalistas en septiembre de 1998 poco después del pacto secreto del PNV y EA con ETA; los avances hacia el pluralismo político e ideológico del País Vasco logrados mientras Josu Jon Imaz fue presidente del centenario partido jelkide han sido desbaratados.

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El Parlamento vasco rechazó en 1998 realizar un referéndum

La propuesta del lehendakari es una versión remendada del primer plan Ibarretxe, aprobado por el Parlamento Vasco en diciembre de 2004 y rechazado por el Congreso en febrero de 2005. Su objetivo es construir un férreo bloque de nacionalistas institucionales y de nacionalistas situados en la órbita de ETA: esa amalgama emocional e ideológica unida por el soberanismo se enfrentaría así a las demás fuerzas políticas vascas (mayoritarias en la comunidad autónoma el 9-M) y a la opinión abrumadoramente dominante en el resto de la ciudadanía española, con el resultado final de un choque de trenes -la imagen es de Íñigo Urkullu, actual presidente del PNV- del que sólo obtendría beneficios la banda terrorista.

Ese peligroso viaje de retorno al belicoso frentismo protagonizado por soberanistas y autonomistas entre 1998 y 2005 comenzará el 27 de junio con la votación en la Cámara de Vitoria de un proyecto de ley para la convocatoria y regulación de una consulta popular -sin autorización previa del Gobierno central- dirigida a recabar la opinión ciudadana de la comunidad autónoma sobre la apertura de un doble proceso de negociación -entre el Estado y ETA (primera pregunta) y entre todos los partidos vascos sin exclusiones (segunda cuestión)- a fin de alcanzar la paz y la normalización política. Pese a que Urkullu daba por descontado que el texto de la consulta incluiría una condena explícita de ETA, la exposición de motivos del proyecto se limita a exigir de la banda "el fin de la violencia"; y aunque la experiencia de la negociación con los terroristas en la anterior legislatura probase su inexistente "voluntad" de buscar la paz, la propuesta de Ibarretxe repite como un sordo sonsonete la oferta que ETA hizo saltar por los aires el 30 de diciembre de 2006 y continúa manchando de sangre con sus atroces asesinatos y atentados.

Dada la actual composición de la Cámara de Vitoria (formada por 75 diputados) y el anunciado voto en contra del PSE (18) y del PP (15), la aprobación de la ley por mayoría simple necesitaría el apoyo no sólo de los partidos del tripartito (22 de PNV, 7 de EA y 3 de EB) y de Aralar (1), sino también -al menos un escaño- de EHAK (9), la segunda marca de Batasuna cuya ilegalización ha sido solicitada ante el Supremo por el fiscal general y los servicios jurídicos del Estado. Un miembro del Gobierno de Vitoria -el consejero Azkarraga, de EA- ha dejado claro que el tripartito de Ibarretxe no haría el más mínimo asco al eventual respaldo prestado por EHAK: "Todos los votos del Parlamento vasco son absolutamente legítimos". Al portavoz del PNV en la Cámara de Vitoria, Joseba Egibar, tampoco le resultaría "políticamente incómodo" el apoyo de EHAK. En esa pendiente deslizante del contubernio patriótico del PNV hacia cualquier pariente de la familia nacionalista, Xabier Arzalluz -ex presidente del PNV- ha llegado incluso a criticar la reciente detención policial en Burdeos del etarra López Peña: su peregrino argumento es que los interlocutores de la organización terrorista que se entrevistaron con emisarios del Gobierno entre 2006 y 2007 deberían disfrutar de un cierto grado de impunidad: "En las negociaciones con el enemigo se suele respetar un poco la figura de los que participan y aquí se lo han cargado".

La empecinada obsesión de Ibarretxe por resolver los problemas del País Vasco con los triunfos de su arbitrista proyecto quizás le haya inculcado los vicios mentales del jugador de solitarios, incluida la tendencia a hacerse trampas cuando los naipes se resisten. Una estampa alternativa a ese imaginario ludópata autista de mesa-camilla que se engaña a sí mismo con la baraja podría ser el malicioso jugador de ventaja que simula una inocencia franciscana -"¿qué hay de malo en lo que propongo" o "¿por qué el Gobierno se niega a pactar con las instituciones vascas lo que negocia con ETA"?- a fin de embaucar a sus compañeros de partida. Si el proyecto de Ibarretxe fuese aprobado por el Parlamento el 27 de junio, la ley quedaría en suspenso a causa de su patente inconstitucionalidad; tal vez el verdadero propósito del lehendakari sea precisamente provocar ese frustrante desenlace a fin de rebañar en las urnas un buen trozo del pastel de votos hasta ahora propiedad de las marcas -Batasuna, ANV o EHAK- del brazo político de ETA.

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