Síndicos de paja

El PP valenciano tiene un serio problema de inmadurez democrática. Queremos decir con ello que prolonga prácticas y querencias despóticas, incluso chulescas, impropias de un régimen de libertades que tiene entre sus fundamentos imprescindibles la posibilidad y obligación de fiscalizar políticamente la acción del Gobierno mediante los órganos pertinentes. Sonroja evocar esta obviedad, pero también es evidente que el partido que lidera el presidente Francisco Camps no parece haberla asimilado todavía, o en todo caso se la pasa por el forro cuando le viene en gana, que es muy a menudo. Debe creer que la mayoría electoral que le ampara -tan dócil, ciertamente- se complace con este arrogante proceder que ha terminado por convertir la gestión política de la Generalitat en un paradigma de la opacidad y la sospecha.

El más reciente episodio confirmativo de esta alergia del PP a la crítica o escudriñamiento de su gestión ha sido el propuesto y rocambolesco relevo súbito de la Síndica de Agravios, Emilia Caballero, que lo está en funciones desde abril de 2006 porque así le corresponde legalmente debido a su condición de síndica adjunta. Lo lógico y procedente era cerrar esta interinidad eligiendo las Cortes un nuevo síndico, lo que se había consensuado en la persona del muy veterano José Cholbi, miembro de la más acrisolada cantera conservadora. A este político alicantino le hubiera correspondido prolongar la estela del profesor Bernardo del Rosal, que asumió la institución en 2001 a propuesta del PP y, cumplido su mandato, fue invitado a retirarse a pesar -o mejor dicho a causa- de su ejecutoria independiente y, por lo tanto, incómoda para el Ejecutivo. No es ésta tierra ni Gobierno para gente con criterio y coherencia.

Pero el mentado trámite sucesorio no pudo consumarse debido una vez más a la intemperante intransigencia de los populares, que previamente habían impedido el acceso de un diputado socialista a las actas de los consejos de dos empresas públicas realmente espectrales, cuales son la gestora de Proyectos Temáticos y la Promotora Exterior de la Imagen de la Comunidad Valenciana. La respuesta del PSPV consistió en retirar su imprescindible consenso y bloquear la elección. Lo paradójico del asunto es que la presidenta de la Cámara, la popular Milagrosa Martínez, había otorgado su amparo institucional a esta fiscalización, pero fue desautorizada por su partido y seguro que no volverá a cometer tal condescendencia. Le va en ello su futuro. Al filo de cuanto decimos, estos mismos días el PP acaba de impedir mediante ardides leguleyos y el peso de su mayoría la comparecencia en las Cortes solicitada por el PSPV de los directores de otras dos empresas públicas no menos quiméricas y puestas en solfa por el Síndico de Cuentas. A eso se le llama cerrarse en banda.

La incomodidad que para el Gobierno autonómico supone la independencia de la actual Síndica de Agravios ha sido, precisamente, lo que ha originado la trapisonda promovida por el grupo parlamentario popular de las Cortes para deshacerse a toda costa de ella mediante una reforma infumable de la Ley del Síndico de Agravios que sería con toda seguridad revocada por los tribunales y sobre todo por el Constitucional si la oposición apela a los mismos. Pero eso acontecerá posiblemente en su día y lo que el PP postula con apremio es neutralizar cuanto antes esta voz que, en estricto cumplimiento de su función, le pone las peras a cuarto al Gobierno, como ha acontecido recientemente a propósito de la casi nula aplicación de la Ley de Dependencia, el deber de informar sobre el circuito urbano de Fórmula Uno a los ecologista que así lo solicitaron, o las indemnizaciones que cumple abonar a los perjudicados por un atasco circulatorio debido a las imprevisiones del Gobierno. Un incordio.

Pero muerto el perro -en este caso, la perra- se acabó la rabia y los populares podrán beneficiarse de la indulgencia del nuevo síndico en funciones, que en esta ocasión responderá plenamente al perfil de un síndico dócil o de paja por cuanto que es un hombre de la casa y, a mayor abundamiento, esposo de la actual consejera de Turismo. ¿O es que con tales precedentes y condiciones podemos creer que actuará con la objetividad e independencia que estable el reglamento del cargo, justifica la existencia del mismo y reclama la defensa del ciudadano, puesto que el poder ya tiene sobradas armas?