La Fiscalía de Córdoba frena en seco la nacionalización de saharauis

El sueño ha durado algo más de tres meses. Pero la Fiscalía de Córdoba frenó ayer en seco la nacionalización de saharauis que se estaba llevando a cabo en el Registro Civil de esta ciudad desde febrero. Alrededor de 800 expedientes de saharauis se han tramitado en el juzgado. Y ahora la mayoría de los autos de consolidación de la nacionalidad emitidos corren el riesgo de ser recurridos por la Fiscalía, que hasta la fecha no había puesto pegas al proceso.

"La Fiscalía es la que ahora actúa en contra de sus actos"

El Ministerio Público, a través de una nota, intentó desmontar ayer la argumentación que se ha utilizado en el Registro Civil cordobés para conceder a los ciudadanos nacidos en la ex colonia española la consolidación de la nacionalidad. Señaló problemas de forma y de fondo. El Registro Civil ha basado su decisión en dos sentencias del Tribunal Supremo. Una de 1998 de la sala de lo civil en la que se reconocía la nacionalidad española a Badadi Mohamed Moulud Hossein y otra de noviembre de 2007 de lo contencioso administrativo que concedió a una mujer nacida en el Sáhara, Khadijatou Boukhari Dafa, su condición de apartida. Sin embargo, la Fiscalía entiende que sólo la primera "se ha pronunciado sobre un supuesto de consolidación de la nacionalidad" y fue para una caso "muy concreto y excepcional". Según el razonamiento del fiscal, "en el momento actual, no puede llegarse a la conclusión de que exista una jurisprudencia del TS vinculante en relación a la consolidación de la nacionalidad española de saharauis".

Respecto a los problemas de forma, el Ministerio Público aseguró que las competencias para "tramitar y resolver el expediente para declarar la consolidación de la nacionalidad española" corresponden al registro civil de la localidad en la que esté empadronado el interesado. En el caso de Córdoba, esta premisa no se ha cumplido y a muchos de los saharauis no se les ha requerido el certificado de empadronamiento. La directora general de Registros y Notariados, Pilar Blanco-Morales, indicó ayer que el empadronamiento es "una condición indispensable". Según dijo, la ley permite al interesado no presentar la documentación. Pero, en ese caso, "le corresponde a los funcionarios" buscar la acreditación de residencia. Blanco-Morales anunció que se va a investigar qué ha ocurrido en Córdoba y aseguró que "el ciudadano que tenga derecho a la nacionalidad no se va a ver afectado". Eso sí, recomendó a los interesados que acudan al Registro Civil de su localidad.

Con la ristra de supuestas irregularidades de forma y de fondo que parece que se han dado en este caso cabe preguntarse qué es lo que ha ocurrido durante estos tres meses en los que nadie ha alzado la voz. Rocío Montes, la secretaria judicial del registro de Córdoba que ha impulsado la medida, aseguró ayer que ella y la juez que ha firmado los autos de consolidación, Blanca Ponzón, sólo han realizado "una interpretación de la norma". Señaló que el certificado de empadronamiento se dejó de pedir cuando se detectaron las primeras "ventas de papeles". Además, sostuvo que, hasta hace unos días, "la Fiscalía le ha dado el visto bueno a todos los expedientes". "No se ha devuelto ni uno y ahora la Fiscalía es la que actúa en contra de sus actos", añade Montes.

La tramitación se había paralizado hace diez días. Habían saltado las primeras alarmas. En la Comisaría de la calle Doctor Fleming de Córdoba se recibió una nota interna del Ministerio del Interior en la que ya se señalaba que el fiscal general del Estado estaba estudiando el caso. A esta Comisaría acudían los saharauis después de recibir en el registro el auto de confirmación. A principios de este mes de mayo, fuentes del Cuerpo Nacional de Policía señalaron a este periódico que se habían concedido alrededor de 100 DNI a ciudadanos nacidos en el Sáhara Occidental.