Touriño y Feijóo se acusan de rechazar un pacto sobre la justicia
El Parlamento no debatirá una posición común sobre financiación autonómica
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvieron ayer a evidenciar las dificultades para alcanzar acuerdos que han dominado toda la legislatura. El representante de la oposición utilizó la sesión quincenal de control al presidente para dejar constancia de su malestar porque Touriño no haya aceptado negociar un pacto para mejorar la situación de la justicia en Galicia y se haya limitado a mostrarse "abierto a cuantas contribuciones y sugerencias" le haga llegar el PP en relación con este asunto.
Feijóo reveló que el pasado día 13 envió una carta al presidente proponiéndole el acuerdo y que no recibió respuesta hasta ayer (minutos antes del debate en el pleno). Una respuesta que juzgó insatisfactoria: "Si lo que me invita es a hacer aportaciones, allá usted", aseguró el líder del PP.
La respuesta que Touriño envió a Feijóo afirma que el Gobierno trabaja en la preparación de un libro blanco de la justicia en Galicia que "permitirá identificar los problemas, abrir un debate sistemático y conseguir un consenso amplio sobre las medidas que se puedan adoptar" en el ámbito de las competencias autonómicas. En la misma carta el presidente explica que Galicia aspira a ampliar los traspasos en materia de personal y de medios económicos y a la modificación de la planta y demarcación judicial, entre otras materias.
Feijóo no ocultó su malestar por la respuesta del presidente, al que acusó de mantener una inútil actitud de "soberbia" ante una oferta de pacto que apoyan, aseguró, desde las asociaciones de jueces a Comisiones Obreras. Una negativa que sumó a otras ofertas que, según el líder de la oposición, han sido despreciadas por Touriño y entre las que citó la negociación de pactos en relación con los incendios y las infraestructuras.
El presidente, molesto con el planteamiento del líder de la oposición, dedicó buena parte de su intervención a desacreditar las verdaderas intenciones de Feijóo. Su oferta de pacto en los incendios, recordó, se concretó en pedir la dimisión del conselleiro de Medio Rural y en echarle en cara los muertos de aquellos siniestros. Las siguientes ofertas, enumeró, fueron sobre el Estatuto, el territorio "y últimamente sobre la lengua", materias todas en las que el PP está en el origen de los desencuentros.
El Gobierno, recordó, "tiene la mejor disposición para impulsar el consenso y el acuerdo, que sin duda será beneficioso para el servicio público y para los ciudadanos". "Esa es mi oferta y sigue en pie; si la quiere se puede trabajar en esa dirección y si no puede seguir en la demagogia a la que nos tiene acostumbrados", concluyó el presidente.
En el mismo pleno el Parlamento rechazó tramitar en la Cámara la propuesta que Galicia defenderá en la negociación de la reforma del modelo de financiación autonómica. El PP ponía esta condición para tratar de conseguir un acuerdo entre las tres fuerzas políticas gallegas que fortaleciese la propuesta de la Xunta frente a otras comunidades autónomas.
La oposición tampoco consiguió convencer a los grupos que apoyan al Gobierno para aprobar una moción pidiendo a la Consellería de Sanidade que excluya el vino del anteproyecto de ley de drogas que acaba de ser sometido a información pública. El PP, que volvió a obviar que el vino es una droga desde 1996, cuando así lo estableció una ley promovida por el Gobierno de Fraga, cree que el mantenimiento de esta calificación puede perjudicar al sector vitivinícola. Socialistas y nacionalistas intentaron, sin éxito, que el PP aceptase sustituir el texto de su moción por una petición a la consellería a fin de que no endurezca las limitaciones legales ya existentes para el consumo de bebidas alcohólicas, salvo en lo que hace referencia a los menores de edad y a la conducción de vehículos.
La factura de la luz
En la misma sesión de control el presidente de la Xunta evitó fijar la posición de su Gobierno en relación con la posibilidad de que la tarifa de la luz sufra un incremento de más del 11%, tal y como le pedía el portavoz del BNG, Carlos Aymerich.
No obstante, Touriño sí se refirió a la tarifa nocturna, que en Galicia afecta a 180.000 familias. Según sus datos, la adaptación de esta tarifa incluye una ampliación de cuatro horas que en la práctica supondrá una reducción de la factura de entre el 2% y el 3%, a pesar de lo cual su Gobierno permanecerá "vigilante".
Sobre la subida del 11% el presidente subrayó que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero todavía no se ha pronunciado. Detrás de esa posible subida, explicó, está el alza del precio del petróleo y el hecho de que mientras en los últimos años el precio de la electricidad subió un 20% en la Unión Europea, en España bajó un 26%. Si no se resuelven el problema, señaló, se trasladará a las generaciones futuras.
Carlos Aymerich, por su parte, apostó una vez más por la fijación de tarifas específicas para Galicia que reflejen su condición de territorio energéticamente excedentario y advirtió de la necesidad de que la Xunta se oponga a la posible subida de la tarifa de la luz que puede tener graves consecuencias para los ciudadanos en un momento de desaceleración económica.
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