Madrazo envía al Parlamento la ley de Servicios Sociales sin garantía de éxito

El proyecto de ley de Servicios Sociales, la norma que está llamada a homogeneizar estas prestaciones en los tres territorios y considerarlas como un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, dio ayer un paso clave. El Consejo de Gobierno aprobó el texto de calado social más transcendente de la presente legislatura y lo remitió de inmediato al Parlamento. La Mesa de la Cámara lo calificará la próxima semana y, a partir de ahí, inicia una carrera contrareloj para ver si puede salir adelante en los meses que le quedan de mandato al actual Ejecutivo. El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, ha remitido el proyecto sin tener garantizados los apoyos precisos para su aprobación en la Cámara.

El consejero deja en el aire cuándo se homogeneizarán los servicios

Los socialistas han sido un aliado del Gobierno en todas las iniciativas de contenido social que ha puesto en marcha los últimos años, pero en esta ocasión las cosas se complican. La tardanza en remitir el texto, pactado por el departamento con las tres diputaciones y los ayuntamientos en diciembre pasado, ha crispado al PSE, que había hecho de este proyecto una de sus banderas de esta legislatura.

Los socialistas han ido presentando constantes iniciativas en el Parlamento apremiando al Ejecutivo a su aprobación y remisión a la Cámara con tiempo para abordar un debate sereno. El caso es que el consejero lo envía justo en la recta final de la legislatura, cuando la incertidumbre política sobre el futuro del Gobierno resulta más acusada, con la consulta del lehendakari Ibarretxe por medio.

Esa tardanza ha llevado a los socialistas a presentar su propia proposición de ley de Servicios Sociales, que recoge exactamente el mismo texto que ahora ha aprobado el Gobierno. El PSE, que registró su iniciativa hace dos semanas, intentó de esta manera espolear al Ejecutivo, que se ha tomado su tiempo para cerrar un proyecto con las instituciones forales y locales.

Gemma Zabaleta, portavoz del PSE en asuntos sociales, aseguró que su partido no "va a firmar un cheque en blanco" al departamento "bajo ningún concepto". "Valoramos el grado de apoyo con el que llega el texto [en referencia al pacto con diputaciones y ayuntamientos], pero ha tardado mucho y hay aspectos muy importantes en los que estamos en desacuerdo", añadió.

Con esta premisa, Zabaleta adelantó que su partido no retirará su proposición de ley y la dejará llegar al pleno en el que vote su toma en consideración. El tripartito ya ha adelantado que votará en contra. Lo normal es que en ese mismo pleno decaiga, pues cuando se celebre el proyecto de ley del Gobierno ya estará en una fase más avanzada de tramitación y, al tratarse de dos textos iguales, no tiene razón de ser que siga adelante. Con ese escenario, los socialistas podrían optar por la retirada ahora, pero prefieren que "se escenifique el debate" y "sacarle los colores" al Gobierno por su demora.

Una vez despejado este debate, los socialistas sólo se sumarán al consenso si se negocia una revisión al alza durante su tramitación parlamentaria. Para empezar, el PSE exige que se suavice el copago, la parte de las prestaciones que debe pagar el ciudadano, y rechaza que los mayores ingresados en una residencia foral tengan que dejar su piso habitual en prenda para responder, al morir, de la deuda pendiente con las diputaciones.

La aprobación del proyecto quedó empañada por el anuncio de que se adelanta a hoy el Consejo de Gobierno extraordinario que aprobará el texto sobre la consulta. Pese a ello, el proyecto de ley de Servicios Sociales tiene un enorme calado, ya que es el punto de partida para crear el sistema vasco de servicios sociales, un pilar del Estado de Bienestar que tendrá de manera definitiva el mismo rango que la sanidad, la educación y las pensiones. Este sistema será público, pero aplicará el principio del copago con criterios de progresividad, es decir, el usuario en algunos casos abonará una parte dependiendo de sus ingresos.

Una de las claves es homogeneizar los servicios sociales que se prestan en los tres territorios, ya que cada uno lleva una velocidad diferente. Por ejemplo, los mayores alaveses disfrutan de mejores servicios que el resto de los vascos. Es el único territorio que cumple las recomendaciones de la UE en plazas de residencias y centros de día, aunque Vizcaya es la que más crece en los últimos años.

"El acceso a las prestaciones sociales no puede depender del lugar en el que uno viva", enfatizó el consejero, aunque no se atrevió a fijar un plazo para lograr la homogeneización real.