Los alcaldes piden 7.000 millones a Zapatero

Al ministro de Hacienda, Pedro Solbes, que se remanga estos días la camisa para afrontar la batalla de la financiación autonómica, se le va a abrir hoy un segundo frente: la comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa a 7.300 ayuntamientos y entidades locales, se reúne esta mañana para aprobar un documento que es un ultimátum: exige al Gobierno que dé inicio de forma "urgente" a las negociaciones para reformar también el modelo de financiación local, intacto desde la Transición. Las ciudades, claman sus representantes, están al borde de la asfixia económica.

Castro (PSOE): "No vamos a esperar más. Si no nos hacen caso, esto es la guerra"

Gallardón (PP): "Las ciudades deben tener un porcentaje de los tributos autonómicos"

"La situación de los ayuntamientos es caótica, desesperada. No estamos dispuestos a esperar más, a que nos digan: 'La próxima vez os tocará'. Nos toca ya", advierte al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el presidente de la FEMP y alcalde de Getafe (Madrid), el socialista Pedro Castro, que hace días declaró: "O nos hacen caso, o esto es la guerra". Amenaza con medidas drásticas -incluida una especie de huelga de ayuntamientos, que dejarían de prestar ciertos servicios- y pone números a esa desesperación municipal: 7.000 millones de euros, lo que cuesta a las entidades locales hacerse cargo de asuntos para los que no tienen ni dinero ni competencias, pero de los que se ocupan porque, sostiene Castro, nadie lo hace.

"Casi el 30% de las actividades que tienen que ver con los ciudadanos lo realizan los ayuntamientos sin recursos para ello: política de infancia, juventud, mujeres, mayores, deportes, vivienda, empleo... Cada vez que el Gobierno aprueba una ley social, como las de Igualdad, Dependencia o Violencia de Género, yo me echo a temblar. Las apoyo, pero tiemblo porque las comunidades autónomas reciben el dinero y se lo quedan, no revierte a los ayuntamientos", explica el presidente de la FEMP. Y propone: "Sentémonos todos a una misma mesa: Gobierno, comunidades y ayuntamientos, y que cada uno cobre por los servicios que realmente presta".

En ese empeño no hay frontera ideológica. La posición de la FEMP es unánime, dice Castro. PSOE, PP e IU defenderán sus necesidades comunes ante el Gobierno. Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid -la capital y la mayor ciudad gobernada por el PP-, lo confirma: "Respaldo absolutamente a Pedro Castro. Queremos que la negociación sobre financiación local sea no sólo pareja y simultánea a la autonómica, sino vinculada: que en el modelo que el Gobierno cierre con las autonomías figure el mecanismo para que los ayuntamientos tengan, por ejemplo, un porcentaje en los impuestos autonómicos. Que no se deje eso a la negociación bilateral de cada ayuntamiento con su comunidad, porque entonces dentro de cinco años seguiremos hablando de principios, no de dinero", subraya.

En España hay 8.112 entidades locales de todo tamaño y condición. Asumen sólo el 13% del gasto total del país -el Estado controla el 52%, y las comunidades autónomas, el 35%-, pero ése es el gasto reconocido oficialmente. Los ayuntamientos aseguran que, en la práctica, se ocupan de mucho más. Y ahora, ante la bronca que se avecina por la reforma de la financiación autonómica, sienten que deben darse prisa y tomar posiciones para que se les compense esa sangría económica. "El dinero que hay en España es uno. Si alguien saca más de ese cesto y coge además algo que no le corresponde, quedará menos para el resto. Y eso es lo que están negociando las autonomías. Por eso nosotros queremos negociar al mismo tiempo", zanja el presidente de la FEMP.