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Los problemas de los inmigrantes

La Audiencia Nacional quiere investigar y juzgar a las mafias de inmigración

Habría que modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal - El Ministerio de Justicia no contempla una reforma legal "de inmediato"

La Audiencia Nacional quiere ocuparse de la lucha contra las organizaciones dedicadas a la inmigración irregular y al tráfico de seres humanos, cuando afecten o se desarrollen en el territorio de más de una provincia o simultáneamente en España y en el extranjero. Ésta es una reivindicación cíclica del órgano judicial, puesta ya sobre la mesa en 2001 por su presidente, Carlos Dívar, y que vuelve a figurar este año en la Memoria del Tribunal.

Los delitos cometidos por estas bandas criminales son despachados ahora en juzgados territoriales que, según fuentes judiciales, "carecen de los recursos, las competencias, la experiencia y la eficacia de la Audiencia". Cada juzgado llega a desentrañar sólo una pequeña parte del problema y carece de la visión global de un órgano centralizado. Esto impide que se desenrede la enmarañada estructura de las organizaciones criminales, que suelen estar emplazadas en el extranjero, y hace casi imposible que los capos puedan ser detenidos y juzgados.

Entre las bazas de la Audiencia para luchar contra estos delitos se cuenta la importante red de contactos y la fluida relación con otros tribunales extranjeros, que serían de gran utilidad para coordinar esfuerzos y cruzar información de entramados criminales que actúan en los países de origen, en los de tránsito y en los destinatarios de los sin papeles.

La asunción de esta competencia requiere de una reforma del artículo 65 de la Ley del Poder Judicial, que regula las competencias del Tribunal, y de algunos artículos del Código Penal y de la Ley de Extranjería, de forma que no quede duda de que se ha de perseguir a las organizaciones criminales y no al inmigrante irregular. Éste, en cualquier caso, sólo comete una falta administrativa por entrar y permanecer en territorio español clandestinamente.

El presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, en una conferencia organizada la semana pasada por la UNED en Ceuta, reclamó además, como herramienta eficaz contra esta delincuencia, la regularización de los sin papeles que colaboren de forma "efectiva" en la desarticulación de las mafias. Sin embargo, otorgar a la Audiencia estas nuevas competencias no parece figurar entre las prioridades del Gobierno. Según el Ministerio de Justicia, la reforma no está prevista "de inmediato".

Fuentes de la Audiencia subrayan que para perseguir estos delitos se aplicaría la misma filosofía con la que se lucha desde hace muchos años contra las redes del narcotráfico. "Hubiera sido impensable acabar con clanes de droga como los Charlines o como los Oubiña si no hubiera estado todo centralizado en la Audiencia", señala un magistrado.

Con la jurisdicción universal vigente desde noviembre de 2007 la Audiencia puede juzgar al patrón de una patera capturada en alta mar, pero, según fuentes jurídicas, "lo que se pide es algo mucho más importante: que se pueda investigar la red, tanto en España como en el extranjero, a los gerifaltes, a los transportistas e intermediarios e, incluso, a los que ayudan a los inmigrantes a permanecer en España, normalmente, con su libertad limitada, con coacciones, con condiciones de explotación por las deudas...". A su jurisdicción también estarían sometidos los delitos de bandas dedicadas al tráfico de órganos o a adopciones ilegales.

Las nuevas competencias que reclama para sí la Audiencia no obligarían a modificar la estructura ni a reforzar la plantilla, porque, según señala un magistrado, se trataría de que se los jueces dejasen de ocuparse de causas relacionadas con la falsificación de tarjetas de crédito y de moneda, siempre que los delitos no sean ejecutados por una organización criminal. Según fuentes jurídicas, esa carga de trabajo que se abandonaría, podría compensar el aumento de trabajo por asuntos relacionados con mafias migratorias. "Estaríamos hablando de unos 20 o 30 grandes casos al año".

En la Fiscalía General del Estado "no hay opinión formada" sobre si debe ser la Audiencia quien asuma estos delitos, señala un portavoz: "Si se centraliza, bien; y si no se centraliza, pero se consigue mayor eficacia, bien también". El vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, asegura que "el Consejo informará positivamente la reforma", porque se estaría "mejorando la respuesta ante delincuencias muy especializadas".

Fenómeno progresivo

Las redes que se lucran con la pobreza de los desesperados se basan en la progresividad delictiva. Primero cometen un delito de inmigración ilegal, al introducir a los extranjeros en España; y más tarde, normalmente, otro de tráfico de seres humanos, al explotarlos. El inmigrante, en su intento de lograr una vida mejor, contacta con mafias, que le prometen prosperidad, papeles, un trabajo digno. Estas mafias, conocedoras de la desesperación de los inmigrantes, les cobran grandes sumas de dinero. Como el extranjero no tiene capacidad para asumir el pago de la deuda contraída, una vez en España, cae en una red de explotación, que le obliga a ejercer la prostitución o a aceptar trabajos en condiciones infrahumanas.

Un estudio publicado por el Real Instituto Elcano desvela que los traficantes que envían inmigrantes desde Mauritania o Senegal ganan una media de 107.000 euros por cada cayuco que botan. El pasajero -las embarcaciones suelen transportar un centenar de personas- debe pagar unos 900 euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de mayo de 2008

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