Los dineros autonómicos

Galicia es una comunidad autónoma con un nivel de producto interior bruto (PIB) per cápita significativamente inferior a la media española: está ligeramente por debajo del 85% y sólo claramente por encima de Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha. Lo anterior explica por qué hemos recibido ya cerca de 15.000 millones de euros de los fondos estructurales de la Unión Europea y por qué tenemos una balanza fiscal positiva no lejos del 10% de nuestro producto interior bruto, unos 5.000 millones de euros en la actualidad.

Por supuesto, a la hora de calcular el PIB y el saldo fiscal los economistas consideran donde se realiza la producción y quién soporta los impuestos y no el lugar en que se hallan las sedes de las empresas. Es verdad que el gremio de los economistas puede no ser particularmente inteligente. Pero hasta ahí llegamos. Dos estudios especialmente reseñables sobre balanzas fiscales son el de Luis Caramés, editado por Caixa Galicia hace ya unos años, y el de los profesores Barberán y Uriel, patrocinado por la Fundación BBVA.

Sería un retroceso levantar fronteras fiscales regionales para limitar espacios de solidaridad

Reconocer lo anterior no un posicionamiento españolista. Es reconocer la realidad que refleja la aplicación de los métodos científicos y estadísticos internacionalmente reconocidos, y exponer el punto de partida desde el que debemos pensar en asuntos como el diseño de la política económica de la Xunta de Galicia, la reforma del sistema de financiación autonómica, el sistema de caja única de la Seguridad social, o la articulación territorial del Estado.

Por supuesto, siempre existe la alternativa de que los gallegos nos convirtamos en fundadores de una nueva ciencia social, a semejanza de la psicohistoria de Asimov, o que prefiramos optar por otras modalidades de conocimiento no científicas, desde la magia de las meigas a la religión.

Tampoco creo que sea españolista la filosofía política que inspira un sistema federal fuertemente comprometido con la equidad en la capacidad de acceso a los servicios públicos. Es verdad que un sistema de este tipo requiere varias cosas. En primer lugar, ciudadanos con identidades duales; esto es, ciudadanos que consideran posible e incluso positivo pertenecer simultáneamente a diferentes comunidades políticas. Ciudadanos que se sienten a gusto siendo al mismo tiempo gallegos y españoles y que entienden que es mejor que algunas cosas se gestionen de forma descentralizada y otras sigan en manos del gobierno central.

No todo el mundo tiene capacidad para asumir esas identidades múltiples. Hay personas que prefieren para sí la unidimensionalidad y la simplicidad. Hay que aceptarlo y comprenderlo. Pero también ellos deben aceptar que existen personas que son capaces de disfrutar de las identidades múltiples sin caer en la esquizofrenia. Y que, además, éstas son mayoritarias en España y Galicia, como lo demuestran de forma reiterada los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas. El reciente libro de Amartya Sen, Identity and Violence, es una lectura recomendable al respecto.

En segundo lugar, la construcción de espacios de solidaridad (fraternidad) interindividual es un logro del mundo contemporáneo, a veces no es suficientemente valorado. De hecho, en España es algo relativamente reciente: hubo que esperar a la muerte de Franco para poder introducir un sistema fiscal capaz de sostener el Estado del bienestar en el conjunto de España.

Un sistema en el que cada uno paga en función de sus capacidades y todos tenemos los mismos derechos. Sería un retroceso levantar ahora fronteras fiscales regionales para eliminar o limitar esos espacios de solidaridad. El sentimiento de pertenencia a una comunidad política española es lo que soporta la redistribución interterritorial actual. Véanse si no las dificultades para que esos flujos se produzcan en comunidades políticas menos consolidadas como es el caso de la propia Unión Europea.

Aunque sólo sea por una razón instrumental, las fuerzas políticas que respaldan la redistribución y la justicia social deberían reivindicar la existencia de un espacio político común como es España. El reto es construir espacios de fraternidad cada vez más amplios, no cargarse los actuales.