Educación y sanidad públicas

Existe una medida muy barata que haría mejorar de forma sorprendente y en poco tiempo nuestros maltrechos sistemas de educación y de salud públicos.

Una iniciativa legal que, en un plazo muy reducido de tiempo, solucionaría la mayoría de los problemas que padecen la enseñanza y la atención sanitaria públicas de nuestro país.

Se trata de algo tan razonable y elemental como obligar legalmente a los responsables del funcionamiento de los servicios públicos a utilizar los servicios que tienen a su cargo.

¿No es razonable que los cargos públicos de las distintas administraciones en cuyas manos hemos puesto el cuidado de la atención sanitaria y de la educación lleven a sus hijos a un colegio público y a un médico del sistema de salud público? ¿O es que los servicios que han de ser buenos para el conjunto de la ciudadanía no son suficientemente buenos para los responsables de los mismos y para sus hijos?

Pueden estar seguros de que si diputados, senadores, presidentes de las distintas comunidades autónomas, consejeros, alcaldes y concejales tuvieran que llevar por imperativo legal a sus hijos al colegio público que les correspondiera por cercanía y tuvieran que hacer uso, cuando lo necesitaran, del centro de salud público de su distrito, la calidad de estos servicios mejoraría como por arte de magia en muy poco tiempo.