La capital, medida de la desigualdad

La de ayer fue la segunda huelga de la educación pública madrileña en lo que va de mayo. Quieren defenderse de "la política de privatización" del Gobierno de Esperanza Aguirre. Se quejan de que durante las dos últimas legislaturas se ha apoyado preferentemente a la escuela privada concertada (sostenida con fondos públicos), que se ha animado a los ayuntamientos a ceder suelo municipal para estos centros mientras que el esfuerzo público en educación es de los más bajos de España (de 2,69% de su PIB, frente a 4,51% de Andalucía o el 4,35% de Murcia).

Entre 2000 y 2006, la educación concertada ha aumentado en 99.000 sus plazas en toda España, y casi la mitad de ese aumento (46.000 puestos escolares) lo ha ganado sólo en Madrid, según los últimos datos del Ministerio de Educación. Mientras, la educación pública madrileña terminaba el mismo periodo con 8.500 alumnos más, y pasaba de representar el 57% de la enseñanza de la región al 53,9%, el penúltimo porcentaje más bajo de toda España, sólo por delante del País Vasco (49%). La concertada madrileña tiene otro 28% y la privada el otro 18% (también uno de los porcentajes más altos de España).

Pero quizá el mejor ejemplo de lo que se quejan sindicatos y las asociaciones laicas de padres está en los institutos de secundaria. Esa falta de inversión se suma al deterioro de la imagen (probablemente injusto) de la pública, que se hace cargo del alumnado más difícil, de los más pobres (según el estudio PISA de la OCDE, el origen sociocultural de los alumnos es uno de los factores más determinantes de sus resultados escolares). Y los más pobres son hoy los inmigrantes. Los institutos públicos madrileños acogen al 53% de alumnos de ESO, pero al 72% de los extranjeros.

La llegada de inmigrantes en sí no es un problema. Pero sí lo es su concentración excesiva en determinados centros, lo que suele ocurrir en la pública, extendiendo esa imagen a todo el sistema para unos padres que salen despavoridos en busca de una plaza en la enseñanza concertada. Aunque muchos de estos centros cobran a pesar de que deberían ser gratuitos -en forma de aportaciones voluntarias, por ejemplo-, muchos padres están dispuestos incluso a hacer trampas en el proceso de escolarización -se han visto casos de certificados médicos fraudulentos- ya que esa cuota, además, mantiene la separación entre las clases medias (que acuden a la concertada) y las bajas (a la pública). Entre 2000 y 2006, la ESO en Madrid ha perdido 10.000 alumnos, consecuencia sobre todo de la curva demográfica. Pero mientras la pública ha perdido 9.600 escolares y la privada 1.300, la concertada ha ganado 555.

Todas estas cifras, por contundentes que sean, no dan todavía la verdadera medida de la desigualdad en Madrid. Cuando se habla del reparto de alumnos entre pública y concertada (la oferta con la que la administración debe garantizar el acceso a la educación), las cifras se diluyen al hablar de la comunidad entera y de todas las enseñanzas. Pero la mayoría de la concertada -al menos la mitad- está en la capital y la mayoría de los conciertos, lógicamente, se hacen en la educación obligatoria, primaria y secundaria. Y en la capital, en la enseñanza obligatoria, el reparto es del 61% de estudiantes en la concertada, con el 35% de los inmigrantes, y 39% en la pública, con un 65% de inmigrantes. Aunque es cierto que este reparto de alumnado total pueda deberse en gran parte a una situación histórica (Madrid siempre ha tenido un gran número de escuelas privadas, sobre todo católicas, que pasaron a ser concertadas en los ochenta), esa distribución de inmigrantes, definitivamente, no está justificada.