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La Eurocámara condena los ataques a gitanos

Andreu Missé

La comunidad gitana recibió ayer un amplio respaldo de la mayoría de eurodiputados que intervinieron en el Parlamento Europeo, donde se censuraron las agresiones sufridas en Roma y Nápoles. El comisario de Asuntos Sociales, el socialista checo Vladimir Spidla, expresó una profunda preocupación y advirtió que "la historia europea demuestra que el racismo y el odio llevan tarde o temprano a la catástrofe". Y añadió: "Si no aprendemos, tendremos que volver a vivir la historia".

El comisario recordó que la realidad europea es muy elocuente. "Si una persona es miembro de la comunidad gitana, con muy pocas excepciones es excluida y pobre". Spidla recordó que las autoridades deben investigar los hechos y castigar a los culpables. El diputado Giusto Catania, de la Unión de la Izquierda Unitaria, lamentó que el Gobierno italiano hubiera "anunciado nuevas medidas de persecución a los gitanos en lugar de perseguir a los culpables". Catania recordó que de los 200.000 ciudadanos de etnia gitana residentes en Italia, 80.000 tenían nacionalidad italiana y 50.000 eran nacidos en Italia.

El comisario Spidla señaló que desde la adhesión de Rumania a la Unión en 2004, los rumanos tienen la "misma libertad de movimientos que los demás ciudadanos de la UE, y no pueden ser tratados de manera menos favorable". Anunció que la Comisión presentará un documento para revisar la política europea sobre emigración que revela que "hay cosas que no funcionan".

Las autoridades italianas fueron objeto de muchas críticas. La enviada de la Eurocámara a analizar la situación en el país, Viktoria Mohacsi, gitana húngara adscrita al Grupo Liberal, les acusó de utilizar a los romaníes como cabeza de turco para eludir sus responsabilidades en la lucha contra la Mafia y la Camorra. El socialista rumano Andrian Severin advirtió que la "retórica populista" conduce a los pogromos.

Puntos clave del decreto italiano

- Expulsión de los inmigrantes ilegales condenados a más de dos años de cárcel.

- Aumento de la pena en un tercio si quien comete el delito está en el país de forma clandestina.

- Permanencia máxima de 18 meses de los 'sin papeles' en los centros de acogida.

- Penas de seis meses a tres años a quien alquile casas a inmigrantes irregulares.

- Mayor control de las empresas de transferencias de dinero de los inmigrantes.

- Aplicación de las directivas que restringen el derecho al reagrupamiento familiar, la concesión de la nacionalidad a los cónyuges y la libre circulación de los asilados.

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