"Berlusconi no aprobaría nunca una ley sin humanidad"
Muchos italianos consideran a Niccolò Ghedini (Padua, 1959) el verdadero ministro de Justicia italiano. Pero el penalista tiene seguramente más poder que el ministro real: es el abogado personal de Silvio Berlusconi. Diputado y multimillonario, es asesor de Il Cavaliere desde 1998 y ha defendido con acierto al magnate milanés, que mantiene incólume (aunque aún tiene tres causas pendientes) su certificado de penales.
Pero Ghedini está de moda por otra razón: es el autor del decreto ley sobre seguridad que aprueba hoy el Consejo de Ministros en Nápoles. En plena polémica, Ghedini andaba ayer, como suele, lejos de los focos. En Venecia. Y desde allí explicó los detalles y la filosofía del decreto. "Conozco hace muchos años a Berlusconi", afirma, "y su modo de ser y sé que nunca hará una ley contraria al principio de humanidad y acogida". Luego, Ghedini sugiere pero no confirma, como si eso ya no dependiera de él, lo que se sabría poco después: que el Gobierno aprobará por vía parlamentaria una ley que convertirá la inmigración clandestina en un delito penado con entre seis meses y cuatro años de cárcel.
"Con Prodi empeoró todo porque se duplicó el número de clandestinos"
¿Le parece humanitario penar la inmigración clandestina con cuatro años de cárcel? "No es una medida tan rara", dice Ghedini, "existe en otros países europeos, y en Italia se aplica ya al que entra por segunda vez ilegalmente. Forza Italia es favorable a aprobarla en el Parlamento", añade. "De momento hemos decidido no aprobarla de manera urgente. Y en todo caso, no se aplicará en los casos de necesidad, por ejemplo cuando una barca naufrague ante la costa".
Suave y esquivo, Ghedini rechaza incluso el clima de "emotividad" que a su juicio ha presidido el debate sobre el decreto, y critica el tono "de campaña electoral" utilizado por los halcones de la Liga Norte y Alianza Nacional. A su juicio, el decreto busca "simplemente resolver el problema urgente de la inseguridad, no el de la inmigración", y el futuro diseño de la ley estará, en todo caso, basado "en el principio de legalidad, integración y acogida".
De momento, su texto se limita a poner en marcha medidas represivas: convierte la clandestinidad en una agravante -aumentando las penas en un tercio a los extranjeros sin papeles- y estipula que, si un inmigrante ilegal es condenado a un mínimo de dos años, y no a 10 como antes, podrá ser expulsado inmediatamente por el juez. Además, condenará a penas de cárcel y a multas a aquellos que alquilen casas a los irregulares.
Queda una cosa en el aire. Algunos medios italianos filtraron ayer que el decreto prolongará de forma inmediata de los dos meses actuales a 18 meses la retención de los inmigrantes en los centros de permanencia temporal (CPT), pero Ghedini se desmarca de esa medida: "No sé lo que decidirá el Consejo, pero es una barbaridad, sería convertir los CTP en cárceles", afirma.
Pero la Directiva Europea planea aprobar esa misma medida pronto, y además sin exigir autorización judicial. "Eso es muy preocupante, una cosa digna de Guantánamo", señala, "y además un incentivo para delinquir. Para eso, es mejor convertir en delito la inmigración clandestina".
El autor de la reforma garantiza que el futuro diseño de la ley "integrará y regularizará a todos aquellos que vienen a hacer trabajos que los italianos no quieren hacer", que se perseguirá la explotación de los inmigrantes y se castigará a los empresarios que contraten en negro.
Oyéndole, se diría que Italia, pese a la ley Bossi-Fini, ha errado su política de inmigración. "La ley era decorosa, pero ha fallado en lo relativo a la acogida", dice Ghedini. "Con Prodi empeoró todo porque se duplicaron los clandestinos. Ahora habrá que regularizar a los inmigrantes que están contratados ilegalmente. No queremos criminalizar al extranjero", resume, "pero hay que entender que algunos delitos los cometen en un 80% los extranjeros".
