Industria baraja modular la subida de la luz según la renta, la potencia y el consumo

En julio van a subir las tarifas eléctricas. La Comisión Nacional de la Energía (CNE), ha recomendado un incremento medio del 11,3%, y ahora, la patata caliente está en el Ministerio de Industria. Una subida tan importante como la recomendada puede tener un impacto fuerte en las rentas de los colectivos más desfavorecidos. Por ello, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció ayer en Soria que la tarifa eléctrica que se aplicará en el tercer trimestre del año incluirá "una tarifa social para todo el que lo necesita", aunque no concretó qué colectivos se verán beneficiados de la misma. Aunque la decisión no está tomada, ni la fórmula cerrada, la idea que está en estudio es modular la subida de tarifas en función de variables como la potencia contratada, el consumo medio o los ingresos del consumidor.

En la práctica, la idea del Ministerio es extender de alguna forma -aún por determinar- la tarifa social que existe en el sistema eléctrico como existe en otros servicios.

La revisión tarifaria, que puede afectar al conjunto del sistema de establecimiento de precios, ha llevado la inquietud a colectivos muy concretos, como los abonados a la tarifa nocturna -alrededor de un millón de usuarios-, que temen subidas de hasta el 80% si desaparece este tipo de tarifa. La organización de consumidores UCE denunció ayer posibles subidas para la tarifa nocturna de hasta el 80%. Pero el propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, trató de calmar los temores. Sin detallar fórmulas, el ministro aseguró, en un acto celebrado en Soria que no va a desaparecer la tarifa nocturna y que incluso está previsto un incremento de la franja horaria en que será aplicada la tarifa nocturna, que pasará de las ocho horas actuales a catorce.

Por otra parte, la CNE aprobó ayer un informe sobre la evolución de ingresos y costes de generación en el tercer trimestre del año. El resultado es una diferencia de 1.500 millones de euros. En la estimación se recoge el concepto de garantía de potencia y se consideran amortizadas las centrales existentes en 1998.