De Rosa traslada a Bermejo toda responsabilidad sobre la Justicia

"Si dependiera de mí...". Fernado de Rosa, consejero de Justicia, trasladó ayer al Gobierno central, específicamente al ministro de Justicia, Mariano Bermejo y, en algún caso, a los Ayuntamientos, toda la responsabilidad sobre la situación de los juzgados, fiscalías y registros civiles en la Comunidad Valenciana en dos comparecencias en comisión en las Cortes. De Rosa explicó que por población y por litigiosidad "la Comunidad Valenciana es la que presenta la mayor desproporción entre el número de órganos jurisdiccionales y el montante de asuntos que registran". Si la Justicia en toda España "está colapsada o sufre una desaceleración judicial", el caso de la Comunidad Valenciana sería extremo, según el consejero. De Rosa concedió que en los últimos cinco años se han creado 57 nuevas unidades judiciales y que este año están previstas otras 23, pero reclamó 100 juzgados más, en consonancia con el programa electoral del PP, y una nueva demarcación judicial. Unidades que debe autorizar en último caso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La situación de la Fiscalía es aún peor, según De Rosa. Dos centenares de fiscales deben hacer frente a cuatro centenares de jueces y solo un tercio de los partidos judiciales tienen plantilla fija. Respecto a los registros civiles, la nueva oferta telemática de la Generalitat habría solucionado todos los problemas en las grandes ciudades mientras que los registros que dependen de los juzgados de paz "son competencia de los Ayuntamientos", recalcó De Rosa. El consejero evocó la "sensibilidad autonómica" de Juan Fernando López Aguilar, predecesor de Bermejo, y reiteró siempre que pudo que el actual ministro todavía no le ha recibido.

De Rosa admitió que la quinta parte de los 3.800 funcionarios judiciales trabajan de forma interina; que la espera media para la resolución de cualquier conflicto en los juzgados de primera instancia es de 8,3 meses, un indicador de calidad que solo arroja peores registros en Madrid y Canarias; y que el 11,5% de las reclamaciones de los ciudadanos contra el proceder de la Justicia proceden de la Comunidad Valenciana, según datos del CGPJ.

Josefa Andrés y Enric Morera, por el PSPV y Compromís, recordaron a De Rosa su responsabilidad en la dotación humana y material de "un servicio público", como es la Justicia. Pero el que fuera decano de los jueces de Valencia defendió que "solo juzgan los jueces" y que solo más dotaciones judiciales aliviarían los problemas actuales.