Líbano, el suicidio de un país

"Es necesario comer 1.000 platos de humus para entender por qué sucede aquí lo que sucede". La sentencia del observador político es válida hoy y lo era hace tres décadas. Como en los años setenta del siglo pasado, Líbano está a punto de explotar. Muchos, entre ellos el jefe del Ejército, aseguran que la guerra civil ya está aquí.

El último desafío del partido-milicia chií Hezbolá -la toma militar de Beirut oeste y los feudos de sus rivales suníes y drusos- ha humillado al Gobierno proocidental, cuyos partidarios admiten la derrota. Tras esta crisis, alimentada por potencias extranjeras, otra tradición muy libanesa, la grieta sectaria se ha ensanchado. Ha sido una semana de caos en la que el país entero contuvo el aliento. "Habrá un antes y un después del 7 de mayo. El balance de fuerzas ha cambiado y el Gobierno está en una posición muy difícil para negociar", sostiene el constitucionalista Ziyad Baroud.

"El Ejecutivo está en una posición muy difícil para negociar", afirma un experto

Hezbolá ha paralizado la vida parlamentaria desde noviembre de 2006, y seis meses después del final del mandato del presidente Emile Lahud, el pasado 23 de noviembre, el palacio de Baabda aguarda inquilino. Quieren los chiíes una capacidad de veto en el Gobierno, que éste les niega. Pero fue la iniciativa del Gobierno de anunciar una investigación de la red de comunicaciones de la milicia chií -"una declaración de guerra", en palabras de su líder, el jeque Hasan Nasralá- lo que desencadenó su reacción furibunda.

Después de que el 7 de mayo milicianos chiíes y sus aliados invadieran Beirut oeste y algunos bastiones drusos, se instaló la anarquía. Cortes de carreteras en cualquier lugar del país; pistoleros de uno y otro bando pidiendo identificaciones; asaltos a medios de comunicación afines al Ejecutivo; cierre de fronteras y clausura del aeropuerto, un enclave fundamental, atenazaron al país. El Ejército, omnipresente, se inhibió de los disturbios por temor a desintegrarse. La ira de suníes y drusos contra las Fuerzas Armadas es palpable. El Gobierno, cada día más débil, acabó revocando las polémicas medidas contra el partido chií.

Comentaba a este diario Husein Nabulsi, un portavoz de Hezbolá, hace tres años: "George Bush cree que va a imponer su orden aquí, pero está equivocado. Es nuestra hora". Históricamente discriminados, la gran mayoría de la comunidad chií exige ahora poder. Y conscientes de su fuerza armada y su creciente peso demográfico, los jefes de Hezbolá han lanzado su órdago y han vuelto sus armas -¡las armas de la resistencia contra Israel!- hacia otros libaneses. Es la primera vez que ocurre.

El odio contra los chiíes se masca en Aley y otros pueblos drusos montañosos al este de la capital. También el miedo. La gente recela a la hora de hablar. En el barrio beirutí de Hamra, bastión del clan Hariri, cuelgan banderas amarillas de Hezbolá y las verdes y negras de sus aliados prosirios. Nadie se atreve a retirarlas. Las enormes fotografías del asesinado ex primer ministro Rafik Hariri y de su hijo Saad, líder del bloque parlamentario que apoya al Gobierno, fueron rasgadas. Las secuelas del asalto de Hezbolá a Beirut se dejarán sentir por mucho tiempo.

El Gobierno de Fuad Siniora, tambaleante, ya las padece. Es insostenible una situación en la que Hezbolá es capaz de forzar al Ejecutivo a revocar decisiones vitales. Si no se resuelve la relación del Estado con la organización fundamentalista, auguran los expertos, brotarán nuevos disturbios.

Para tratar de evitarlos, los líderes de los partidos de la coalición y Hezbolá negocian en la capital qatarí, Doha. En juego está el futuro de un país en el que conviven aún dos visiones radicalmente opuestas: la prooccidental de los partidos que respaldan al Gobierno y la estrategia de Hezbolá, enraizada en los intereses de Irán, y menos en los de Siria. Desde Teherán, Damasco, Washington y París se escruta al detalle cada movimiento. Si el Ejecutivo de Siniora pretende abordar la espinosa cuestión del arsenal de Hezbolá -las resoluciones de la ONU exigen su desarme-, el partido-milicia chií busca un nuevo reparto de poder con la reforma de la ley electoral, y anuncia que entregar las armas es imposible.

"En Líbano sólo se abordan cambios constitucionales después de una guerra o cuando una de las sectas ha salido vencedora de una crisis. Éste es el riesgo que puede repetirse hoy", afirma el abogado Baroud. Todos saben quién maneja las riendas. La elección del mandatario, que requiere consenso, podría ser materia de entendimiento. Pero otros nubarrones acechan: ¿qué pasará cuando se constituya el tribunal que debe juzgar el magnicidio de Hariri? ¿Qué ocurrirá si se culpa al régimen sirio?