El juez de las intrigas

Pudo desequilibrar la balanza de poderes del Tribunal Constitucional. Pero, quizá por exceso de ganas, falló en el empeño. El conservador Roberto García-Calvo se ganó durante sus últimos años en el alto tribunal el calificativo de magistrado de las intrigas entre los sectores más progresistas. Éstos lo señalaron, junto con su inseparable compañero de filas Jorge Rodríguez-Zapata, como el máximo responsable del desprestigio que, durante el primer mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha sufrido este órgano constitucional.

Procedente de sectores afines al franquismo -fue jefe provincial del Movimiento en Almería y llegó a ser gobernador civil de esa provincia en los estertores de la dictadura-, se ganó la fama de duro entre los duros en el seno del Constitucional. Conspiró con Rodríguez-Zapata hasta rozar la posibilidad de romper el equilibrio entre conservadores y progresistas, sólo inclinado a favor de estos últimos gracias al voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas. La ruptura de ese reparto de fuerzas habría dejado en manos de los conservadores las principales apuestas de los socialistas -el Estatuto de Cataluña, la ley que autorizó el matrimonio homosexual...-, todas ellas recurridas durante la pasada legislatura por el PP.

Su estrategia llegó a amenazar las principales leyes del Gobierno del PSOE

Pero cometió un error. Cuando el Gobierno advirtió el peligro y reformó la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC) para prorrogar el mandato de la presidenta hasta la siguiente renovación -dando rango legal a una costumbre respetada durante años-, García-Calvo y Rodríguez-Zapata enviaron una carta a la presidenta exigiéndole su dimisión y mostrando su "profunda discrepancia" con la reforma, lo que provocó la recusación de ambos por el Gobierno. El resto de magistrados conservadores quedó a salvo al negarse a "tomar en consideración" la propuesta de dimisión "para no contaminarse".

La recusación, de libro, salió adelante. Pero antes, García-Calvo y Rodríguez Zapata provocaron, a la desesperada, un escándalo más. Basándose en una información falsa de El Mundo que acusaba a tres progresistas de haberse pronunciado a favor de la modificación legal antes del estudio del recurso, el PP recusó a Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps. La maniobra indignó a varios de sus compañeros de filas, y dos de ellos desmintieron la noticia que auspició esas impugnaciones. Al admitirse a trámite la recusación de los conservadores, el tribunal calificó la estrategia del PP de "intento de abuso de derecho" y "fraude procesal". Sin Casas, sin el vicepresidente -el conservador Guillermo Jiménez- y sin García-Calvo ni Rodríguez-Zapata, los progresistas se impusieron y el recurso contra la reforma de la LOTC fue rechazado por cinco votos a tres.

El baile de recusaciones, que falló en ese caso, sí funcionó sin embargo en otro recurso del PP: el del Estatuto catalán. Los conservadores lograron sacar adelante la salida de Pablo Pérez Tremps por haber escrito un estudio para la Generalitat de Cataluña sobre la reforma de esa norma antes de convertirse en magistrado del Constitucional. Lo lograron gracias a que, la mañana en que se iba a estudiar si se aceptaba, el PP recusó a la presidenta, con lo que el voto de calidad quedó en manos del vicepresidente Jiménez (conservador).

El repentino fallecimiento de García-Calvo reequilibra de manera fatídica las fuerzas. Con Pérez Tremps fuera del pleno, conservadores y progresistas empatan a cinco y el voto de calidad de Casas devuelve a estos últimos el control del órgano.