Equilibrio roto
La noticia de la muerte de Roberto García-Calvo agitó ayer la escena política por las consecuencias que tendrá en la peripecia del Tribunal Constitucional, metido estos días de hoz y coz en la convulsa deliberación del Estatuto de Cataluña. Dirigentes del PP y del PSOE, que intentan desde hace meses resolver el sinsentido de tener a dos de los principales órganos judiciales del país pendientes de renovación, no dudaron en interpretar el fallecimiento de García-Calvo -que todos lamentaron- como el momento crucial para salir del laberinto.
A Roberto García-Calvo le quedaba año y medio de mandato en el Constitucional. La ley establece que el mismo órgano que lo eligió, el Congreso de los Diputados, y con idéntica mayoría cualificada, debe encargarse de sustituirlo ahora por otro magistrado, que ocuparía el puesto por el tiempo que restaba al fallecido. Hasta que esa sustitución no se produzca, los equilibrios han saltado por los aires: los plenos del alto tribunal los integrarán ahora seis magistrados progresistas y cinco conservadores.
Para el caso especial de la deliberación del Estatuto catalán, donde el PP había logrado recusar al progresista Pablo Pérez Tremps y, por tanto, había mayoría conservadora de seis a cinco, ese pleno quedará ahora con empate a cinco; pero con el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, elegida a propuesta del PSOE.
En los últimos meses, los populares se han afanado en exigir al Constitucional que resolviera con urgencia los recursos contra el Estatut, a sabiendas de que había una mayoría conservadora que podría apoyar sus tesis y tumbar la columna vertebral de esa norma. A partir de hoy, y hasta que el Congreso no sustituya a García-Calvo, supuestamente por otro magistrado conservador, la mayoría es progresista.
El Congreso se ha caracterizado en los últimos años por olvidar sus deberes constitucionales en lo referido a los órganos judiciales. Así, el Consejo General del Poder Judicial ha perdido en cuatro años a tres vocales, por distintos motivos, sin que el Congreso moviera un dedo para sustituirlos. En esta ocasión, según indicaron ayer a este periódico dirigentes de uno y otro partido y varios juristas, no parece posible aprobar la sustitución de García-Calvo sin, a la vez, resolver el problema de las renovaciones pendientes en el Consejo Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
