Europa fuerza la revisión de la ley urbanística

La legislación urbanística valenciana será reformada por segunda vez después de años de estar en entredicho en las instituciones de la Unión Europea. Los palos que la Eurocámara ha dado a la Generalitat a cuenta de esta normativa -incluso los populares europeos la han censurado- y la denuncia al tribunal de justicia europeo exige una adaptación a las directivas europeas.

Las denuncias de los ciudadanos continuan llegando a Europa

La presión no cesa. El Comité de Peticiones prepara otra resolución

El primer aviso contra la legislación urbanística valenciana se produjo a raíz de las denuncias de un grupo de afectados contra la entonces vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sustituida en 2006 por la ley Urbanística Valenciana (LUV), que heredó todavía vicios de la primera. Después de una larga instrucción, la Comisión acabó denunciando en 2007 a España ante el tribunal de justicia comunitario al entender que la ley valenciana vulnera las directivas europeas sobre contratos públicos. A este frente se unió el del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que tras una avalancha de denuncias ciudadanas sobre abusos urbanísticos, tomó cartas en el asunto. Desde 2003 la Eurocámara ha reprobado hasta tres veces los casos de abusos. En palabras de la Comisión Europea, la nueva norma valenciana -impulsada por el consejero Rafael Blasco en la legislatura de 2003-2007-, aunque mejoró algunos aspectos no acaba de garantizar la transparencia ni la competencia en la adjudicación de los conocidos Programas de Actuación Integrada (PAI). El sistema de fijación del precio del proyecto es uno de los aspectos más polémicos.

La presión no cesa. El Parlamento sigue recibiendo hoy denuncias de afectados de la Comunidad Valenciana -el pasado 2 de abril debatió otras 47 denuncias-. El Comité de Peticiones sopesa en estos momentos, según fuentes de la Eurocámara, la redacción de otro informe duro contra España por no haber corregido el problema. En el pleno del 2 de abril, un eurodiputado austriaco planteó incluso que el PE emplease su potestad para congelar los fondos europeos destinados a España como medida de presión. El 26 o 27 de mayo, los coordinadores de los diferentes grupos políticos con representación en el Comité de Peticiones decidirán qué hacer con esta nueva oleada de quejas ciudadanas.

El Consell, tras años de defensa a machamartillo de sus leyes urbanísticas dentro y fuera de su territorio, se dispone ahora a reformarla, si bien bajo un amplio paraguas de cambios que el Consell quiere ahora consensuar con el principal partido de la oposición. El departamento de Urbanismo se propone una reestructuración de las leyes de Ordenación del Territorio, la Urbanística y la adaptación a la ley estatal del Suelo. A este paquete se añade una decreto con el que se pretende animar a los ayuntamientos a disponer de suelo para vivienda protegida.

Lo admita o no, la Consejería de Urbanismo se ha visto obligada a revisar toda su legislación por las exigencias de Europa. El propio García Antón lo reconoció la pasada semana en Alicante durante la clausura de unas jornadas sobre la construcción. "Coordinar todas las leyes [del ámbito urbanístico] y cumplir bien con Europa", manifestó el consejero. Acerca de un posible pacto urbanístico con la oposición, García Antón manifestó su deseo de que las partes consensuen un texto "antes de vacaciones". "Tratamos de evitar la disfuncionalidad", explicó en referencia a las críticas que despierta el urbanismo valenciano en Bruselas y también en colectivos profesionales autóctonos como el de arquitectos, ingenieros o abogados.

Al otro lado, los socialistas admiten los contactos, pero insisten en que la negociación es de carácter técnico y no son partidarios de "magnificar el nivel de los contactos". "Los socialistas queremos que mientras dure la negociación la consejería no aproveche para colar proyectos urbanísticos controvertidos", explica Francesc Signes, coordinador de Territorio en el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. En resumidas, el PSPV ha pedido al Consell que de los 130 millones de metros cuadrados de suelo pendientes de reclasificación, sólo salgan adelante las revisiones de Planes Generales de Ordenación Urbana y de normas subsidiarias, así como los proyecto que estén claros. "No pedimos una moratoria, sino que este periodo no se convierta en un coladero", concluye Signes.

Así pues, la resolución que dicte el Comité de Peticiones durante la reunión de los coodinadores de cada grupo será crucial. "Se planteará un texto de resolución y luego se votará. Posteriormente se elevaría al presidente del Parlamento Europeo", resume el presidente de Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent. Los europarlamentarios españoles temen que la resolución sea más dura que las anteriores, ya que los avisos previos han servido de poco. Y no sólo eso, desde que se abrió el primer expediente por denuncias de abusos urbanísticos en Bruselas, el catálogo de casos se ha ampliado y, a estas alturas las instituciones europeas miran con lupa los posibles incumplimientos de directivas relacionadas con el medioambiente.

Para el ex eurodiputado socialista Joan Calabuig, que ha seguido el proceso en los últimos años, las Cortes Valencianas deberían de crear una comisión que escuche e investigue a los afectados. "Las peticiones no cesan de llegar a Bruselas porque aquí nadie les escucha ni les atiende", opina. Los últimos informes de la Sindicatura de Greuges coinciden en denunciar la situación, pero la Generalitat no ha dado ningún paso para deshacer un entuerto que dura años.

Calabuig rescata una idea que propuso el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana,y que nunca se cumplió, y que consiste en abrir oficinas de atención a los residentes extranjeros -muchos de los afectados son ciudadanos de otros países de la Unión-. "Deben [el Consell] de reconsiderar su actitud", añade Calabuig, que todavía recuerda cómo desde el Gobierno valenciano se ha acusado a los eurodiputados socialistas de orquestar estas denuncias con el único objetivo de desgastar al Consell. "Este largo proceso está deteriorando la imagen de los valencianos, es cierto. Pero resulta ridículo a estas alturas en que la CE nos ha llevado ante el tribunal de justicia que todo esto se deba a una conspiración orquestada por ingleses, socialistas, verdes e incluso por eurodiputados conservadores de otros países de la UE", concluye.

"Los ciudadanos se han encontrado con que no pueden luchar contra estos casos ni siquiera con su voto", explica uno de los afectados. Un ejemplo es lo sucedido en Parcent, donde los vecinos votaron contra el anterior equipo de gobierno para impedir que los PAI previstos salieran adelante. Ahora Vecinos de Parcent, grupo político que gobierna, viven una situación imposible. El nuevo ayuntamiento se enfrenta a una querella si se paraliza uno proyecto comprometido el anterior mandato.