El abogado general del Tribunal de Justicia europeo avala la Ley Urbanística Valenciana

El 'boom' inmobiliario generó numerosas denuncias ante la Comisión y el Parlamento Europeo, que reprobó a la Generalitat Valenciana

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Niilo Jääskinen, ha avalado este jueves la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y ha dictaminado que esta norma no vulnera la legislación comunitaria en materia de contratación pública, tal y como habían denunciado la Comisión Europea y la Eurocámara. Las opiniones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, aunque éste las sigue en un 80% de los casos. Su función consiste en proponer una solución jurídica al asunto que se plantea. Los jueces empiezan ahora a deliberar sobre el caso y la sentencia se dictará en un momento posterior.

La Comisión Europea había llevado la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) al considerar que infringe la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Bruselas aseguraba que la norma no respeta las exigencias de publicidad y transparencia que impone la legislación europea en la adjudicación de los planes urbanísticos de actuación integrada (PAI). También el Parlamento Europeo ha elaborado varios informes censurando la LUV y la política urbanística de la Generalitat Valenciana y llegó incluso a amenazar con congelar los fondos europeos para España si no se corrigen los abusos urbanísticos denunciados.

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En sus conclusiones de este jueves, el abogado general recomienda al Tribunal de Justicia desestimar el recurso de la Comisión y condenarle a pagar las costas. A su juicio, las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a la legislación autonómica valenciana porque los planes de actuación integrada no son contratos públicos.

Según el abogado general, para que los PAI pudieran considerarse contratos públicos como alega la Comisión, la administración pública tendría que hacer uso de sus propios fondos, directa o indirectamente, o bien el urbanizador debería tener derecho a explotar las obras, en cuyo caso se trataría de una concesión de obras públicas. Sin embargo, en los PAI, "el responsable de financiar los costes de urbanización de este tipo de PAI es el urbanizador, aunque esté legitimado para recuperar tales gastos de los propietarios de terreno". "Por tanto, son los propietarios de terreno los que costean las obras públicas que precisa la urbanización", señala el abogado general.

En segundo lugar, Jääskinen considera que el urbanizador no tiene derecho a explotar las obras que resultan del PAI. Ello es así porque "todas las obras públicas definidas en el contrato se convierten en propiedad de la administración pública una vez terminadas y podrán usarse de manera gratuita o por el precio establecido por la administración o por el ente que se ocupe de la gestión y el mantenimiento de las estructuras".

"Los urbanizadores no tienen la posibilidad de recobrar de los usuarios los costes de tales obras sino que reciben únicamente una retribución de los propietarios de terreno, en dinero en metálico o en forma de suelo. Ahora bien, el hecho de recibir terrenos no se puede considerar explotación de las obras públicas, porque, tras la cesión obligada, esos terrenos son de propiedad del urbanizador y si los explotase, lo haría en su condición de propietario y no como si fuesen su contrapartida", concluye el abogado general.

El dictamen "calla voces destructivas", según el Consell

El vicepresidente primero del Gobierno valenciano y consejero de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, considera que el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) confirmaría "la legalidad de la legislación urbanística valenciana". Rambla espera que "sirva para callar esas voces que no son críticas, sino que quieren ser destructivas con este Gobierno y, sobre todo, con la Comunidad Valenciana".

Rambla ha incidido en que esa "posición jurídica" del abogado general del tribunal europeo "viene a reafirmar la legalidad de la legislación urbanística valenciana y, sobre todo, viene a echar por tierra las críticas y los ataques que durante años ha sufrido el Gobierno de la Generalitat, y al final incluso la Comunidad Valenciana, impulsados por, en muchas ocasiones, hasta los propios socialistas valencianos".

Al respecto, ha criticado que esos "ataques" generaron "una mala imagen" de la región y "una inseguridad jurídica en el ámbito urbanístico" que "ha hecho que en algunos países hubiera unas campañas muy negativas".

Por su parte, el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que estaba al frente del urbanismo valenciano cuando arreciaron las críticas y denuncias, ha señalado que el abogado general da la razón al Consell, que "ha impulsado una renovación legislativa urbanística que se ha ajustado a todas las directivas europeas en materia de contratación pública". "Europa reconoce a los que trabajamos siempre con la ley en la mano", según Blasco, que impulsó la LUV (Ley Urbanística Valenciana) para sustituir a la denostada LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) cuando era titular de Territorio y Vivienda.

"Hoy han recibido un varapalo todos aquellos que organizaron la mayor campaña de desprestigio contra la Comunidad Valenciana, contra sectores clave de su economía, como el turismo o la construcción y, sobre todo, contra un Gobierno, el Consell de la Generalitat Valenciana, que siempre ha trabajado respetando la Ley y en este caso, como dijimos miles de veces en todos los foros en los que defendimos la Ley Urbanística, los derechos de los propietarios frente a cualquier abuso urbanístico", ha añadido.

Por su parte, el diputado autonómico del PSPV Adolf Sanmartín ha advertido de que la recomendación del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no analiza el "modelo depredador" impulsado por el PP y sólo se refiere a la aplicación de la normativa de contratación de obras. "No entra analizar para nada, porque no es su función, aspectos debatidos en el Parlamento Europeo relativos a la gestión nefasta del PP de la Comunidad Valenciana en relación al desarrollo urbanístico", ha subrayado el diputado. El informe no estudia "la desordenada e insostenible ocupación del territorio", como tampoco "el modelo urbanístico depredador que ha llevado a la crisis actual", ha criticado Sanmartín.

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