Los municipios 'pasan' de la ley del suelo

El proceso de adaptación de los planes urbanísticos de los municipios a la ley del suelo mantiene un ritmo exasperante. Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y pese a que ya hace 16 meses que expiró el plazo que tenían los ayuntamientos para revisar sus planes, la realidad es que sólo 68 de los 770 municipios andaluces han culminado el proceso, entre los que sólo hay una gran ciudad, Sevilla. Es llamativo que aún haya 167 consistorios, el 21% del total, que no han dado ni un solo paso para dotarse de un nuevo plan.

La revisión de los planes facilitará la disposición de suelo para VPO

La consejería va a ampliar de 17 a 44 las oficinas técnicas de asesoramiento

El retraso es especialmente evidente en el litoral, donde se producen las mayores tensiones urbanísticas y donde residen más de las dos terceras partes de la población andaluza. Hasta el momento, sólo cinco municipios costeros, entre los que no figura ninguno de los grandes polos turísticos, cuentan con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) adaptado a la ley: Motril, Almonte, Lepe, Los Barrios y Cuevas de Almanzora. Resulta significativo que Málaga, la provincia donde en los últimos años se ha concentrado la mitad de la actividad de la construcción, sea la única donde ningún ayuntamiento se ha dotado de un nuevo plan, aunque al mismo tiempo es también la única en la que todos sus municipios han iniciado trámites para hacerlo. La revisión de los planes facilitará, entre otros aspectos, la disposición de suelo pata Vivienda de Protección Oficial (VPO), una vez que la LOUA obliga a destinar a ella el 30% de los suelos de nuevo desarrollo.

Además de los 68 ya aprobados definitivamente, hasta el momento hay otros 535 planes urbanísticos en tramitación. De ellos, 29 ya cuentan con la aprobación provisional, es decir, que ya han sido ultimados por los municipios y están pendientes de la aprobación definitiva de la Junta.

Otros 156 ayuntamientos han dado la aprobación inicial, y es en este trámite donde suelen producirse los mayores atascos; pues entre él y la aprobación provisional se produce la fase de alegaciones ciudadanas y de informes de las distintas administraciones en el ámbito de sus competencias. La ciudad de Málaga, por ejemplo, aprobó inicialmente su nuevo plan en julio de 2006 y aún no ha hecho la provisional.

Un grueso de municipios, 227, cuentan con un documento de avance, que es simplemente un trabajo previo optativo en el que se marcan las líneas generales y carece de valor jurídico. Otros 123 ayuntamientos se han limitado a aprobar en pleno el inicio de expediente de revisión, lo que en realidad no deja de ser una mera declaración de intenciones.

El titular de la recién creada Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, tiene entre sus objetivos prioritarios dar un acelerón a la revisión del planeamiento municipal. El proceso está muy rezagado porque la planificación es de por sí muy laboriosa y la tramitación administrativa se caracteriza por una gran lentitud, aunque los datos parecen indicar que también ha habido una cierta dejadez y falta de voluntad política de los munícipes.

Espadas anunció tras el Consejo de Gobierno del pasado martes que se va a realizar un "plan de choque". Antes de finalizar el año la consejería planea ampliar de 17 a 44 el número de oficinas territoriales de asesoramiento para dar apoyo técnico a los ayuntamientos. Además, se va a crear un "equipo de choque" por cada provincia formado por técnicos que estarán a disposición de los municipios en cualquier momento para dar orientaciones o emitir informes sobre la marcha.

El consejero quiere al menos agilizar los trámites que dependen de su departamento, por lo que se prepara una orden para unificar la emisión de informes de los diversos departamentos de la consejería. También está en estudio ampliar las subvenciones a los pequeños municipios para la redacción de planes urbanísticos y de los convenios que en su día firmó la Junta con las diputaciones provinciales.

Cuando la LOUA entró en vigor, en enero de 2003, se fijó un plazo de cuatro años para que los municipios adaptaran sus planes, de forma que al cabo de ese tiempo ya no serán posibles modificaciones a los planes sin reformar, que quedan así constreñidos.