El PP mantuvo al 'sheriff' en Coslada pese a conocer sus excesos

El Ayuntamiento de Coslada sabía en junio de 2005, bajo mandato del PP, que la situación de la Policía Municipal que comandaba Ginés Jiménez, el sheriff, era "anómala, insostenible y potencialmente explosiva". "Hay que actuar adoptando medidas urgentes", añadía un informe reservado que encargó el propio Consistorio. Lo elaboró un técnico municipal, José Vicente Sánchez-Bermejo por encargo de la Concejalía de Personal en abril de 2005. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, recomendaba "medidas urgentes" para atajar la situación. Pero no se tomaron.

El informe fue elaborado a raíz de los escritos de dos agentes en los que denunciaban "prácticas abusivas, degradantes y vejatorias del oficial jefe de la Policía Municipal". Sánchez-Bermejo habló con 14 policías y en junio de ese mismo año presentó un documento. Las conclusiones desvelan tres años antes del riesgo de los desmanes que se conocen ahora gracias a la Operación Bloque, en el que 26 agentes han sido detenidos y 11 encarcelados por una supuesta trama de corrupción policial. Sánchez-Bermejo expone un sistema de poder que podía "servir de tapadera a las pequeñas corruptelas o intereses particulares" de Jiménez. El técnico asegura que se trata de un "modus operandi habitual, razón suficiente para abrir un procedimiento sancionador". Una de las irregularidades que destacaba este dictamen era el trato desigual del "oficial jefe" con sus subordinados: "El examen de las horas extraordinarias durante los tres últimos años arroja diferencias entre la plantilla: unos agentes perciben entre 2.000 y 3.000 euros anuales, mientras otros oscilan entre 8.000 y 10.000El detenido prestó declaración en calidad de imputado la misma tarde del miércoles en la Jefatura Superior de Policía de Madrid y, según fuentes de la investigación, reconoció el pago de dinero a la Policía Local de Coslada. No especificó la cantidad ni la frecuencia con la que realizaba los pagos. Tras ser informado el juez de guardia, fue puesto en libertad acusado de un delito de cohecho. El Código Penal recoge en su artículo 419 y siguientes condenas de entre dos y seis años de cárcel para el funcionario -en este caso, los policías- que cometa este delito. El tiempo de prisión será idéntico para los que lo promuevan.

Fuentes de la investigación destacaron ayer que con esta detención se inicia la segunda fase de la llamada Operación Bloque. Tras la detención de 26 guardias el pasado 8 de mayo, los agentes de la Jefatura Superior de Policía se centrarán ahora en el arresto de empresarios y comerciantes que pagaban a los hombres que estaban, supuestamente, a la orden de Ginés Jiménez.

La policía no descarta que la próxima semana haya nuevas detenciones también por cohecho. Algunas podrían hacerse fuera de Coslada, según fuentes del caso. "Con las imputaciones de estos empresarios, buscamos conseguir también mayor número de pruebas contra los agentes a los que hemos detenido", señalaron las citadas fuentes.

El próximo viernes, 23 de mayo, está previsto que acudan al Juzgado de Instrucción número 21 (que lleva las diligencias del caso) seis prostitutas de las que supuestamente abusaban los policías locales detenidos. Participarán en una rueda de reconocimiento en la que estarán presentes Ginés Jiménez; su supuesta mano derecha en la red, Carlos M. G., y su segundo lugarteniente, Adrián J. P., según informaron fuentes judiciales. Sus abogados han pedido interrogar a las meretrices.