El caso de las pensiones ilegales de Ferrocarrils acaba en juicio

El sistema judicial español es muy garantista, pero llega un momento en el que el camino se acaba. Y eso es lo que ha ocurrido con el caso de las pensiones supuestamente ilegales que cobraron tres ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya durante la época de CiU. La Audiencia de Barcelona ha destimado el recurso que presentaron las defensas para impedir que se celebrara el juicio y, por tanto, Albert Vilalta, Enric Roig y Antoni Herce se sentarán en el banquillo acusados de malversación, prevaricación y falsedad.

El tribunal aprecia que los hechos presentan "indicios suficientes de delito"

Junto a ellos también será juzgado Josep Verdaguer Codina, el abogado de la compañía, que debía haber advertido de la ilegalidad del cobro de aquellas pensiones, que ellos mismos aprobaron y que escondieron al Consejo de Administración de la empresa pública.

La decisión de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona está fechada el 17 de marzo y fue notificada el 7 de abril. En síntesis, los jueces consideran que los hechos no están prescritos, que el cobro pudo ser ilegal y que los tres ex directivos no pueden alegar que desconocieran que esa actuación fuese ilegal.

Los pagos realizados por ese plan de pensiones ascendieron a 3,2 millones de euros y beneficiaron a 15 cargos de la empresa. El fiscal se querelló contra todos ellos a finales de 2006, aunque finalmente el juez de instrucción exculpó a 11 y continuó el procedimiento contra los tres ex presidentes y contra el abogado de la compañía.

El plan de pensiones fue suscrito el 10 de abril de 1991 entre Ferrocarrils de la Generalitat y la aseguradora Winterthur, y fue disuelto en el año 2000. El tribunal asegura que "no puede desconocerse que la disolución del fondo y su liquidación fue seguida del reparto de cantidades muy importantes entre los beneficiarios, ni puede negarse que esta actuación presenta indicios suficientes de ser delictiva".

De las cuatro personas que se sentarán en el banquillo, el que más cobró fue Enric Roig, que percibió 1.014.963 euros cuando fue destituido del cargo por el entonces consejero de Política Territorial, Pere Macias. A esa cantidad han de añadirse 55.233 euros en concepto de dietas. A Roig le sucedió en el cargo Antonio Herce, que percibió 278.391 euros. Vilalta no percibió ninguna cantidad cuando dejó la compañía, el 16 de julio de 1991, pero fue él quien suscribió el contrato con la aseguradora, vigente desde el 28 de febrero de aquel año.

Javier Melero, abogado de Herce, considera que no existe delito "porque los cobros aparecen en la contabilidad de la compañía desde 1991". En su opinión, el proceso judicial está relacionado con la llegada de la izquierda al Gobierno de la Generalitat. Pero la Audiencia de Barcelona es contundente con estos argumentos y recuerda que "no puede aceptarse que el presidente y el director de Ferrocarrils dispusieran de plenas facultades para disponer sobre la masa salarial de los presupuestos de la compañía, prescindicendo de lo dispuesto en aquella regulación".

Los jueces también recuerdan que "el propio Herce reconoció en su declaración las dudas que le suscitó la legalidad de las elevadísimas cantidades que le fueron entregadas a Roig". El abogado Verdaguer cobró 110.910 euros.