El fiscal compromete su pacto para condenar a los ediles del GIL

Cuatro meses de negociación entre la fiscalía y los abogados defensores para agilizar decenas de causas judiciales contra los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella corren serio riesgo de irse al traste por no haberse contado en las conversaciones con un actor secundario pero determinante: la acusación particular. Los ediles se ahorrarían unos 70 juicios por aprobar licencias urbanísticas ilegales a cambio de aceptar pasar un máximo de tres años en prisión.

Un día después de que el grupo municipal socialista marbellí rechazara los términos actuales del pacto, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, anunció ayer que si el fiscal no aumenta su petición de pena y exige responsabilidades civiles a los ex concejales por el daño urbanístico causado a la ciudad, serán ellos quienes lo pidan.

Esto supone un torpedo en plena línea de flotación del acuerdo, ya que obligaría a celebrar todos los juicios pendientes, precisamente lo que las defensas y fiscalía pretenden evitar. Uno de los principales afectados por este movimiento sería el ex alcalde Julián Muñoz, que todavía tiene pendientes de calificación 42 juicios por prevaricación urbanística. Muñoz volvió ayer a la cárcel de Alhaurín el Grande después de disfrutar de su segundo permiso penitenciario de tres días desde que fue detenido en julio de 2006.

Tanto la acusación socialista (personada en seis procedimientos) como la municipal aseguran que, desde el mes de enero, cuando comenzó a negociarse el pacto, la fiscalía no ha contactado con ellos. "No tenemos ningún conocimiento del pacto de la fiscalía y, en esas circunstancias, el Ayuntamiento mantiene su acusación y no se apoyará en ningún pacto que desconoce", aseguró ayer el portavoz municipal, Félix Romero.

Aseguró que desde que el PP llegó a la Alcaldía, en mayo de 2007, el Ayuntamiento ha pedido personarse en 138 procedimientos penales contra personas vinculadas al GIL, que gobernó en el municipio entre 1991 y marzo de 2006, cuando se disolvió el consistorio tras la Operación Malaya. De estas 138 causas posteriores al año 2000 y todavía en fase de instrucción, "más de ochenta procesos" corresponden a delitos de prevaricación urbanística, los que entran en el pacto.

No será hasta el próximo día 26 cuando el abogado del grupo del PSOE, Oliver Roales, se reúna con el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo-Rubio, que dirige las negociaciones. Roales pidió la cita con el fiscal hace una semana "cuando vio los términos del pacto en la prensa".

Los abogados de la acusación no saben si interpretar la falta de información como una torpeza, como un error o como parte de la estrategia del fiscal. Sin embargo, sí tienen claro que las penas que el ministerio público ha pactado con los ex ediles son "insuficientes".