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El PSOE se opone al pacto de los ex ediles del GIL con la fiscalía

El descontento general por el pacto entre la fiscalía y los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) de Marbella por el que éstos se ahorrarán 70 juicios por aprobar licencias urbanísticas ilegales a cambio de aceptar pasar un máximo de tres años en prisión tuvo ayer su primera consecuencia práctica. El grupo municipal del PSOE de Marbella, personado como acusación particular en seis de estas causas, anunció ayer que obligará a que se celebren estos juicios si el ministerio público no eleva su petición de pena y exige el pago de responsabilidad civil a los ediles por el daño causado.

El tener que celebrar los seis juicios malograría en parte uno de los principales objetivos buscados por la fiscalía con el pacto: agilizar la tramitación de las decenas de causas urbanísticas de los consistorios gilistas de Marbella.

El grupo socialista marbellí considera "insuficiente" la petición fiscal de un máximo de un año de prisión para los ex concejales, y pretende reclamar una pena de un año y tres meses, sobre el tope de dos años que contempla el Código Penal para los delitos de prevaricación urbanística. Si los ex munícipes fueran condenados a la pena que pretende el PSOE, pasarían en prisión tres años y nueve meses, ya que la ley establece que en los delitos conexos -y estas 70 causas se han considerado como tal- se cumplirá el triple de la pena máxima impuesta.

Con el pacto actual con el fiscal, que no tendrá plasmación en ningún documento o protocolo, los acusados pasarían un máximo de tres años de cárcel. Luego habría que descontar el tiempo que los ex ediles ya han pasado en prisión por condenas firmes anteriores de prevaricación urbanística -casos Banana Beach y Proinsa-.

Según el abogado del PSOE marbellí, Oliver Roales, en los seis casos urbanísticos en los que está personado el grupo -Holanducia, Obarinsa, Cristo de los Molinos, Magenta, Monte Paraíso y Jardines de San Pedro-, la fiscalía tiene que presentar un nuevo escrito de acusación. Si el ministerio público mantiene su petición de un año de cárcel, los socialistas presentarían otro escrito solicitando una condena de un año y tres meses, atendiendo a que, según ellos, los concejales actuaron "con intención" y "sobre un plan preconcebido". Ernesto Osuna, abogado de varios ex ediles considera que el PSOE busca "beneficio mediático y político" con su movimiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de mayo de 2008