La escuela concertada quiere más dinero

¿Los colegios privados concertados deben recibir la misma financiación de la Administración que la red pública? ¿Cuál debe ser la contraprestación, dado que los colegios privados no dejan de ser empresas y con un ideario determinado? ¿Deberían dejar de cobrar cuotas? La equiparación financiera con la red pública es la aspiración declarada de las patronales de los centros concertados, que han sacado a la luz este comprometido debate en el momento oportuno, justo cuando toca renovar los conciertos educativos, el instrumento por el que reciben la financiación pública.

Su argumento es que la educación es un único servicio público aunque se gestione en dos redes diferentes. Plantean que se aplique la máxima de "a igual servicio, igual dinero". Detrás de su reclamación está el gran peso que tiene en la escolarización del alumnado vasco. Se trata de un caso único en Europa: la red privada cuenta con más alumnos que la pública, un 51% frente a un 49%.

Mediante los conciertos, la Administración asume gran parte del coste de la escuela privada, principalmente las nóminas de los docentes y el mantenimiento. En total, esos conciertos suponen unos 500 millones de euros al año, que vienen a sufragar alrededor del 70% del coste real del servicio correspondiente a la etapa de enseñanza obligatoria (6 a 16 años). La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), aprobada en 1985, fijó que la educación es un derecho de carácter universal, y para que la ciudadanía tenga acceso a él estableció dos redes en el conjunto de España: la pública y la privada-concertada, que también se sostiene con fondos públicos a través de los conciertos educativos. Éstos se plantean para los tramos obligatorios y se renuevan cada cuatro años.

Con ocasión de su renovación, este año, el Gobierno vasco había dado expectativas a la red concertada de alcanzar la equiparación con la pública, aprovechando el compromiso de elaborar la ley del Sistema Educativo Vasco. La idea central del borrador que ha circulado es que los centros no se distingan tanto por su titularidad cuanto por el servicio que prestan, por lo que los colegios privados deberían actuar con filosofía de servicio público. A cambio de asumir las mismas obligaciones que los centros públicos, a los concertados podrían acceder a un tratamiento en ratios (número de profesores por alumnos), salarios y jornada del profesorado similar a la escuela pública. Con el añadido de financiar la etapa de enseñanza que no es obligatoria (hasta los 6 años y de los 16 a los 18). Un gran aliciente.

Sin embargo, el proyecto se encuentra en una fase muy preliminar y el Departamento de Educación embarcado en múltiples frentes, entre ellos la espinosa reforma de los modelos lingüísticos. Ante las demandas de la concertada, la consejería mantiene un prudente silencio y se limita a decir que, por ahora, no se trata de una ley prioritaria. Advierte, no obstante, que los centros concertados deberían cumplir en ese caso una serie de objetivos en plurilingüismo, cuotas de inmigrantes y alumnos discapacitados equiparables a los colegios públicos. A falta de ley, la patronal del sector solicita un plan cuatrienal que aporte al menos 125 millones más al año a los conciertos, hasta redondear una cifra total de 625 millones. Para lograr sus objetivos, las patronales de la concertada (la Federación de Colegios Religiosos-Kristau Eskola y la Federación de Ikastolas-Partaide) han puesto sobre la mesa otro elemento de presión: el nuevo currículo educativo (texto que marca lo que deben aprender los escolares de los 6 a los 16 años), aprobado a finales del año pasado en medio de la polémica. Este currículo, con el que se pretende dar una respuesta a todos los retos educativos, establece que el euskera será la lengua vehicular de la enseñanza, relegando al castellano a un papel secundario.

La consecución de todos los retos que figuran en el currículo (pactado en su momento con las patronales) "solamente puede alcanzarse con la disponibilidad de los medios adecuados y, entre otros, la financiación tiene una relevancia especial", apuntan las patronales en el borrador que han trasladado al departamento para cerrar un acuerdo de financiación. "Se dan las circunstancias", prosigue el documento, "que justifican plenamente un acuerdo social como éste [de financiación]".

El responsable de Kristau-Eskola, Aitor Bilbao, asegura que "el modelo de financiación actual de nuestro sistema educativo no es capaz de responder a las necesidades actuales y futuras". Sin embargo, Bilbao desvincula el incremento de la financiación con la aplicación del currículo, en el que tanto Kristau-Eskola como las ikastolas han colaborado activamente. "La financiación educativa la relacionamos con los objetivos de la enseñanza, no con la titularidad de las escuelas ni la condición de aplicar un currículo o de la euskaldunización. A igual servicio, igual financiación: se trata de minimizar las diferencias entre la financiación que tienen los centros según la red".

Por su parte, el director de Partaide, José Luis Sukia, insiste en la idea de que la educación es un servicio público que de hecho se gestiona también por manos privadas. Admite que "recibir la misma financiación que la red pública implicará los mismos derechos y deberes que ella". "Dicen que ahora no soportamos las mismas cargas. Puede ser, pero para eso necesitamos más financiación, y es lo que pedimos", insiste.

¿Y cuáles son las contrapartidas a recibir más dinero e igualarse a la red pública? ¿Un servicio con iguales deberes y totalmente gratuito? Es decir que los padres no paguen cuotas mediane los subterfugios que ahora emplean los centros concertados y un reparto equitativo entre las dos redes de todo tipo de alumnos con necesidades educativas especiales. "Con una financiación plena no deberían existir las cuotas. El comedor sí lo tendrían que pagar los padres, como ocurre en la pública; y en cuanto al transporte, se pediría un tratamiento global", razona Sukia. En esta línea, Aitor Bilbao apunta que si la financiación alcanza toda la enseñanza obligatoria no tendría que haber cuotas. Pero precisa que hoy la ayuda económica no cubre por completo esa etapa, por lo que hay que implantar cuotas.

Como avanzadilla de ese debate de fondo, los sindicatos ELA y LAB, mayoritarios en la privada, han convocado una serie de movilizaciones del profesorado en demanda de la equiparación salarial con los docentes de la pública (en la actualidad cobran el 95% del salario de sus colegas de la pública). Incluso anuncian una huelga de media jornada para el próximo día 20. El responsable de ELA en la concertada, José Ángel Urbieta, recalca que detrás de la negativa a homologar las condiciones salariales y laborales subyace "la consideración de que el personal docente y no docente de la red concertada es un personal subsidiario".

CC OO, central mayoritaria entre los docentes de la pública, se muestra dispuesto a avalar más financiación para la concertada en todos los conceptos, si se cumplen varias condiciones: gratuidad total, reparto de todos los alumnos con necesidades educativas especiales y que los centros concertados no reciban de otro tipo de financiación (ayudas de otras administraciones).