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Estafa a Mohamed VI

37 personas, incluidos varios militares, son juzgadas en Marruecos por acaparar ilegalmente dádivas del rey

Youssef, un hemipléjico de Beni Mellal, en el centro de Marruecos, intenta erguirse sobre su silla de ruedas para entregar a un miembro del séquito real -el rey Mohamed VI está de visita en la ciudad- un sobre amarillento que ha comprado por dos dirhams (0,18 euros). Contiene una fotocopia de su carné de identidad y una carta rogando al monarca que le sea concedida una licencia para explotar un taxi, que conducirá un chófer sano, con la que sacar de la pobreza a su familia.

Youssef y otros muchos discapacitados o pobres de solemnidad que han solicitado y obtenido dádivas reales formaban parte, en realidad, de una amplia red de corrupción a la que también pertenecían agentes de las fuerzas de seguridad, militares funcionarios del Ministerio del Interior y hasta miembros del personal adscrito al palacio real. Desde noviembre están en prisión y ahora han empezado a ser juzgados.

El "rey de los pobres", como se le llamó a Mohamed VI en el inicio de su reinado, reparte dádivas a inválidos y menesterosos durante sus viajes por el país. La mayoría son licencias de taxis, pero a veces consisten en una vivienda social, un terreno público para construir una casa o sufragar un tratamiento médico.

Los ruegos se le hacen llegar al monarca a través de sus acompañantes, generalmente los escoltas, en un sobre amarillo que se les entrega en plena calle. Antes de gratificar al súbdito suplicante se comprueba su identidad y su situación social.

Mohamed Zgani, un modesto vecino de Salé, la ciudad pegada a Rabat, se convirtió en 2000, según la instrucción judicial, en el cerebro de una trama de corrupción que empezaba por los agentes de las Fuerzas Auxiliares que contienen a la muchedumbre agolpada en las calles por las que va a pasar el rey. A los discapacitados "apadrinados" por Zgani les permitían franquearse un camino hasta primera fila para entregar su sobre.

Los siguientes eslabones de la corrupción estaban a más alto nivel, entre los policías y gendarmes y personal subalterno que conocían el itinerario y el horario que iba a seguir la comitiva real, y en el departamento de Interior, que valoraba la súplica. Todos cobraban sus comisiones.

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Zgani obtuvo para sí cinco licencias de taxi, dos pisos y un viaje a La Meca para su anciano padre otorgados por el rey cuando iba de camino a su residencia de Sablons, cerca de Salé. Después amplió su "negocio" a todos los lugares que visitaba el monarca. Buscaba in situ a cómplices con los que se repartía el botín.

Fue el propio rey quien ordenó, el 20 de noviembre, al director de la policía, Charki Draiss, que abriese una investigación. Tres días después la brigada policial daba a conocer los resultados de sus pesquisas: 37 personas, entre ellas nueve militares o gendarmes, fueron detenidas.

La justicia militar es más rápida que la civil y estos últimos fueron condenados en abril a penas de entre tres y ocho años de cárcel por constitución de banda criminal, estafa, abuso de confianza y divulgación de secreto profesional. Los 28 civiles, con Zgani a la cabeza, empezaron a ser juzgados hace cinco meses, pero el tribunal no ha dictado sentencia.

Si funcionarios encargados de proteger al rey han suministrado a Zgani, a cambio de un puñado de dirhams, datos confidenciales sobre sus itinerarios, también los pueden proporcionar a terroristas, se plantea con preocupación la prensa marroquí.

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