Ejemplo para españoles

El debate sobre la revisión de la financiación autonómica plantea qué nivel de cohesión debe garantizar el Estado; en función de qué criterios; y qué dotaciones deben recibir la Administración central y las autonómicas. Las respuestas las dará la negociación. Y el imprescindible consenso.

Pero parece ya evidente que el nivel de transferencias de solidaridad debe seguir siendo muy alto, pues las disparidades de bienestar todavía son muy significativas, pese a la extraordinaria convergencia registrada; obtenido ese nivel, no parece que la cohesión deba aplicarse infinitamente a todas las partidas de gasto. Debe concentrarse en los servicios esenciales que garantizan la igualdad de derechos básicos para todos los españoles. Si éstos se acotan a educación, sanidad y dependencia (según postula Cataluña) o abarcan más, es discutible. También deben afinarse los criterios de cálculo: el principal debe ser la población (a ella es a la que se dirigen las políticas sociales), incluidas las variaciones migratorias, pero habrá que completarlo con otros (dispersión, edades...). Y habrá que establecer un reparto más equilibrado entre la Administración central y las autonómicas, cuyos gastos crecen necesariamente más, ya que aumenta más la demanda y el coste de los servicios que prestan, sobre todo los educativos y sanitarios.

Ahora bien, la discusión se ha ceñido hasta ahora al método (formato, calendario, transparencia, estilo, equilibrio), a veces con pasión digna de mejor causa. No hay que tecnificar un debate que por su propia naturaleza -la hacienda- entraña gran calado político. Pero sí conviene, y urge, objetivarlo. Para ello, nada mejor que ilustrarse con la excelente experiencia de la política europea de cohesión.

Así, el formato negociador será al tiempo bilateral y multilateral. Lo exige el Estatuto catalán. Más: así funciona, y bien, en la UE, donde la Comisión prenegocia con los grandes protagonistas, alemanes y españoles, aunque no sólo ellos. Y, al fin, el pacto implica a todos.

Así, el calendario debe respetar lo establecido por ley (acuerdo para el 9 de agosto), igual que Bruselas respeta los septenios de sus paquetes financieros. Cierto que la crisis introduce incomodidades en las prioridades económicas. Pero éstas pueden solventarse con técnicas europeas como las periodificaciones de aplicación o los aterrizajes suaves. Y, además, la política de cohesión es anticíclica: los "paquetes Delors" que duplicaron los fondos destinados a la cohesión reactivaron la economía frente a la atonía de 1985, cuando se iniciaron.

Así, la transparencia debe ser total. Las balanzas fiscales (lo que aporta a la caja común y lo que recibe de ella cada uno, el saldo neto resultante) constituyen un elemento evidente del debate, como ocurre en la UE. No hay por qué ocultarlo. Pero debe ponerse en relación con otros factores, como las balanzas comerciales, las de bienestar relativo, las de colectivos más necesitados. Obviar estos elementos también desnaturalizaría el debate.

Así, el estilo debe soslayar la demagogia. Y su lenguaje. Conviene un ajuste entre territorios contribuyentes netos y receptores netos, los conceptos utilizados en la UE. Pero perjudicaría a todos una guerra entre comunidades ricas y pobres, conceptos esquemáticos: también hay ciudadanos pobres en aquéllas y ricos en éstas. La riqueza territorial relativa es un dato muy relevante, pero nunca unívoco.

Así, la discusión debe obedecer al imperativo de alcanzar un equilibrio habitable por todos, pues todos aportan y todos reciben. Alemania es el primer contribuyente al presupuesto de la UE, pero también los alemanes figuran en tercer lugar en la lista de los 27 beneficiarios de la política europea de cohesión.

De modo que sigue vigente, también en esto, la añeja máxima orteguiana. Si España es el problema, Europa es la solución.