Más autonomía y corresponsabilidad fiscal

Las autonomías gestionan el 22% de los ingresos, pero por sus manos pasa el 36% del gasto. El Estado, en cambio, tiene el 43% de los ingresos (sin la Seguridad Social) pero gestiona el 22%. El resto se lo reparten corporaciones locales y la Seguridad Social.

"Hay que reforzar al máximo la capacidad de las comunidades autónomas para decidir sus propios ingresos. No sirven las simples participaciones en impuestos, dado que no proporcionan ninguna capacidad de decisión a las haciendas autonómicas. Debería estudiarse ampliar la nómina de los tributos cedidos con capacidad normativa y, en concreto, la cesión de la fase minorista del IVA", sostiene José V. Sevilla.

El objetivo es doble: que las comunidades "no tengan ya motivos para quejarse en el futuro ante el Gobierno de insuficiencia financiera", opinan Santiago Lago y José Sánchez Maldonado, y que las comunidades autónomas "acepten con todas las consecuencias sus responsabilidades fiscales", destacan éste y Ángel de la Fuente. Es decir, que cada palo aguante su vela.

De la Fuente subraya la necesidad, en este sentido, de que "los ciudadanos perciban los distintos niveles de hacienda". O sea, que sepan a qué administración están pagando sus impuestos y lo que reciben a cambio de cada una de ellas.

La estabilidad del modelo también es una sugerencia de los académicos "para que no tengamos que estar permanentemente discutiendo sin referencias". Eso no quiere decir que sea estático, sino que se vaya adaptando a las cambiantes necesidades de las autonomías, fruto de la evolución de su capacidad fiscal y de su población.

Para conseguirlo es imprescindible antes una buena estimación técnica y objetiva -no política- de las necesidades de gasto de cada territorio, coinciden todos. El nuevo modelo deberá garantizar, además, la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales, para no incidir en la calidad de vida de los ciudadanos.

Francisco Pérez y David Cantarero (Universidad de Cantabria) señalan también la conveniencia de "establecer verdaderos fondos de nivelación dinámicos que no desincentiven el esfuerzo fiscal de las regiones", combinados con nuevos mecanismos de desarrollo regional, como el Fondo de Compensación Interterritorial. Fondos de inspiración europea (como los estructurales) en cuanto a programación de prioridades, concentración, condicionalidad y evaluación.

Cantarero y Francisco Pedraja destacan la insolidaridad de los sistemas forales del País Vasco y Navarra. "El establecimiento de un sistema estable de nivelación se ve dificultado por el régimen foral que, a igualdad de competencias, produce unos resultados financieros muy favorable por su escaso compromiso solidario". "No son asumibles diferencias en términos per cápita de más del 75% respecto a la media común. El sistema foral debería incorporarse progresivamente al sistema común".