Gánsteres en Coslada

En la ciudad madrileña de Coslada se ha destapado una red de corrupción policial que, por el momento, incrimina a 25 agentes de la Policía Local y a su oficial jefe, Ginés Jiménez Buendía, conocido popularmente como El Sheriff. A la trama de policías sospechosos de corrupción se le atribuyen los más variados delitos relacionados con el abuso de poder, desde la incitación a la prostitución o la extorsión a comerciantes y bares de copas, con amenazas de cierre del local incluidas "si no pasas por caja", hasta el robo de botines decomisados y la desaparición de armas oficiales.

De las investigaciones efectuadas por la policía nacional se desprende que esta mafia policial había instaurado en Coslada, una ciudad que cuenta con más de 80.000 habitantes, un régimen de chantaje y terror que amenazaba a muchos de sus habitantes, pero que resultaba invisible para el Ayuntamiento de la ciudad, para los jueces y para otros policías. A nadie se le escapan las consecuencias de que sean los encargados de velar por la seguridad quienes cometen delitos y abusos amparados en la impunidad que confiere su carácter de guardianes del orden.

La primera consideración ante una situación tan inverosímil debe ser de estupor. Aunque buena parte de la población conocía y sufría estas prácticas mafiosas e intimidatorias, ni un solo indicio se filtró hasta los responsables políticos de la ciudad ni suscitó la menor duda en otros responsables del orden. Cabe deducir pues que, o bien estamos ante un caso de negligencia culpable de las instituciones públicas encargadas de velar por la seguridad, sordas y ciegas ante delitos cometidos casi a la luz del día, o bien asistimos a un ejemplo de inhibición consciente de quienes deberían haber puesto fin al régimen gansteril del sheriff y sus secuaces uniformados, lo que se conoce como "mirar hacia otro lado". Las balbuceantes explicaciones del alcalde socialista de Coslada no hacen más que acrecentar la inquietud. Nadie responsable puede escudarse en la ausencia de denuncias para justificar la impunidad, porque consta que hubo acusaciones por escrito y, además, las autoridades municipales están obligadas de oficio a cuidar de la limpia ejecutoria de las fuerzas del orden.

Una de las tareas más urgentes debería ser la de investigar el papel del Ayuntamiento en la impunidad de esta banda organizada de facinerosos surgida como un cáncer invisible en el corazón de las instituciones democráticas. Las acusaciones que pesan sobre estos policías destruyen la tranquilidad ciudadana porque, además de rabia y humillación, provocan impotencia: los ciudadanos perciben que no pueden reclamar protección contra los abusos.

La especial malignidad de la delincuencia policial exige que los cuerpos de seguridad estén sometidos a controles políticos y técnicos muy estrictos y que las irregularidades, si no se pueden evitar, se sancionen de forma ejemplar.