El Consejo de las Artes, por los pelos

El militante aplauso final de los numerosos miembros de la Plataforma por un Consejo de las Cultura y las Artes que ayer asistieron al pleno del Parlament sonó un tanto forzado. Aplaudían porque se acababa de aprobar la Ley del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, el organismo cuya finalidad es asegurar la independencia del apoyo a la creación cultural respecto a los gobiernos de turno y que se veía como un primer paso, tímido pero histórico, en la democratización de la cultura. Pero la alegría no era completa porque no se había conseguido el consenso tan deseado y la ley había pasado sólo con los votos (68) de los partidos que integran el tripartito catalán. CiU, el PP y Ciutadans sumaron 64 votos en contra. Después de casi cinco años de negociación con el sector y de meses de trabajo de todos los grupos en la ponencia del Parlament (de 100 enmiendas presentadas se aceptaron 70), el resultado casi huele a fracaso. Sobre todo político y de los políticos.

El problema será encontrar a los 11 miembros, por las incompatibilidades

Una ley que estaba pensada para despolitizar la cultura se ha enrocado en el mismo problema que pretendía combatir. "El problema de las cuotas de los partidos había sido el problema, velado, que teníamos desde el principio", comentaba ayer después del pleno Caterina Mieras, que fue consejera de Cultura en el primer Gobierno tripartito. Y es que, como pudo verse durante el pleno, no había grandes discrepancias respecto a la necesidad de crear este organismo. En este aspecto, sólo Antonio Robles, de Ciutadans, consideró que "el mejor destino de este proyecto hubiera sido no haber sido redactado" porque a la cultura "hay que dejarla en paz". Carme Vidal, de CiU, no sólo defendió la necesidad de esta ley, sino que se comprometió a que sea reformada cuando su grupo tenga mayoría, para mejorarla y darle aún más competencias al consejo. Rafael López, del PP, también consideró insuficientes sus competencias y ambiciones.

La discrepancia ha venido de la manera de seleccionar a los miembros que integrarán el consejo, es decir, las cuotas de partido. Tal como ha quedado aprobado, el consejo estará integrado por 11 miembros, tres con dedicación exclusiva, que serán elegidos por el presidente de la Generalitat una vez que se haya escuchado al sector y a los grupos parlamentarios. La votación en el Parlament será de una lista cerrada y necesitará mayoría absoluta en primera votación y simple en segunda. CiU insistió hasta el último momento en introducir una enmienda en la que se especificara que la lista de los 11 miembros la decidiría el Parlament y que su aprobación requiriría los dos tercios de la Cámara. Según Vidal, si realmente había interés en hacer un consejo independiente y profesional, tenía que ser el Parlament el que decidiera, tal como sucede con la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

Los grupos del tripartito acusaron a CiU de querer tener la misma capacidad de bloqueo que ejercieron, precisamente, en la CCMA, y la oposición les criticó asegurando que tanto el número de miembros como el de vicepresidencias (dos) son una imposición del tripartito para repartirse los cargos. En este rifirrafe de mutuas acusaciones de buscar la cuota de partido y de querer imponer a sus allegados en lo que debería ser un órgano independiente pasó gran parte del pleno.

"Uno de los problemas de la política catalana es que hay algunas personas y partidos que entienden que cada pieza del terreno político es un lugar de confrontación, sea el que sea", señaló tras el pleno el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras. "El grupo mayoritario en el Parlament [en referencia a CiU] tiene más de un tercio de los diputados y por eso insiste en que las votaciones requieran los dos tercios. Es una perversión del sistema democrático, que es lo que pasó con la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Después de aquella experiencia, por descontado que no queríamos repetir", añadió.

Tresserras indicó que prevé que dentro de poco más de un mes pueda estar elaborada la lista, con el objetivo de que se vote antes del verano, en septiembre el consejo pueda empezar a ponerse en marcha y en 2009 funcionar ya a pleno rendimiento. Será el propio plenario del consejo, indicó, el que elaborará junto con el Departamento de Cultura su reglamento de funcionamiento. El problema ahora será encontrar a los 11 miembros, ya que las incompatibilidades son muchas. Una de ellas, la que señalaba que no podrían ser miembros las personas que tuvieran "intereses" en empresas relacionadas con la actividad del consejo, se suprimió en el último momento a instancias de los propios grupos del tripartito que votaron en solitario la ley. "Era demasiado general y se podrán especificar mejor los casos en el reglamento", explicó Marina Llansana. Podrían haberlo mirado antes.

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