La ministra Salgado descarta la comisión bilateral Xunta-Estado

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, echó ayer un jarro de agua fría sobre la pretensión del vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, de transformar la comisión de cooperación Xunta-Gobierno central en un auténtico órgano de relación bilateral entre los gobiernos de Galicia y España. La comisión se limita en la actualidad a abordar aspectos técnicos relacionados con las competencias.

Touriño no quiere "elementos que perturben" la relación con Madrid

Quintana pretende, tal y como él mismo anunció en el Parlamento el 23 de abril, modificar el reglamento de la comisión para convertirla en un órgano de relación directa con el Gobierno central semejante al que ya tiene Cataluña gracias a su nuevo Estatuto. A través de este mecanismo, explicó en su día el vicepresidente, Galicia podría afrontar de forma compartida los retos de la nueva situación económica y presentar propuestas bilaterales sobre la financiación autonómica, así como hacer un seguimiento de las grandes obras de infraestructuras pendientes, como es el caso de las nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad.

La ministra, sin embargo, no dejó ayer lugar a dudas: la transformación de la actual comisión en el órgano bilateral ideado por Quintana no forma parte "de la agenda inmediata" de ambas administraciones. Abordar esa cuestión, añadió, perturbaría la agenda de negociación de nuevos traspasos con la que los gobiernos de Galicia y España quieren mantener una actitud "positiva" pero "posibilista".

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se mostró de acuerdo con Salgado, a pesar de que la iniciativa fue planteada por el número dos de su Gobierno, y apostó por limitarse a desarrollar "la agenda prevista", sin introducir "elementos que perturben" la colaboración con el Estado.

La tesis de Touriño parte de considerar que la revisión del modelo de relaciones entre la Xunta y el Gobierno central debe esperar a la reforma del Estatuto, una consideración que no es compartida, ni mucho menos, por la Vicepresidencia. Fuentes de este departamento subrayaron que Galicia necesita de un instrumento bilateral y "no tiene sentido" vincularlo a la reforma del Estatuto.

Anxo Quintana no compareció después de la reunión con Elena Salgado, en la que también estuvieron presentes, además de Touriño, el conselleiro de Presidencia, José Luís Méndez Romeu, y el delegado del Gobierno, Manuel Ameijeiras.

No obstante, Vicepresidencia de la Xunta difundió horas más tarde un comunicado en el que restaba importancia a las declaraciones de la ministra, que sitúa en el marco de "la lógica y tradicional actitud de la Administración de Estado, que siempre es celosa de sus competencias". De hecho, fuentes próximas al líder del BNG aseguraron que durante la reunión la ministra no manifestó un rechazo "tan cerrado" a la propuesta como el que trasladó a la prensa antes de volver a Madrid.

En cualquier caso, la negativa de Salgado no desanima a Quintana. El vicepresidente mantiene su compromiso de solicitar a los grupos parlamentarios su apoyo para la creación de la comisión bilateral.

La idea es repetir el modelo que hizo posible impulsar la proposición de ley de reclama el traspaso de las competencias de Tráfico, aunque en este caso Anxo Quintana no cuenta, en principio, con el respaldo del grupo socialista, que no comparte la iniciativa de promover la comisión bilateral.

En lo que sí estuvieron de acuerdo la ministra y los responsables del Gobierno bipartito fue en la convocatoria de la comisión mixta de transferencias para que antes del verano certifique el traspaso a Galicia del Hospital de Defensa de Ferrol y del Parque Nacional das Illas Atlánticas, sobre los que ya hay acuerdo. Los demás asuntos comprometidos a finales de 2007 quedan a expensa de las negociaciones.

Si hay acuerdo, serán incluidos en una segunda reunión a lo largo del último semestre del año. La lista de traspasos sujetos a negociación incluye siete materias, pactadas por Quintana con Zapatero hace seis meses: la declaración de utilidad pública de las asociaciones, la homologación de títulos extranjeros de enseñanzas no universitarias, la titularidad de los archivos, bibliotecas y museos del Estado, la inspección de trabajo, la gestión de becas y ayudas al Estado, la llamada "deuda de superficie" y la titularidad de determinados bienes de la Seguridad Social en Ourense.