De público a privado

Si la Ley de Incompatibilidades no sirve para evitar que un asesor en materia económica del presidente del Gobierno pueda pasar sin solución de continuidad a presidir un lobby de las grandes empresas constructoras, es que la ley está mal hecha y hay que cambiarla.

David Taguas ha sido hasta casi ayer director de la Oficina Económica del Presidente, con categoría de secretario de Estado y despacho en La Moncloa. Cambiar esa ocupación por la de presidente de un consorcio que se llama Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN) acarrea de manera casi inevitable una doble sospecha: o bien que ese consorcio le estaba pagando los servicios prestados; o que le estaba comprando influencia futura sobre quienes deciden. Y ello en un momento en que el Gobierno anuncia un gran plan de obras públicas destinado a paliar el paro provocado por la crisis de la construcción residencial.

Para evitar esa sospecha existe la normativa sobre incompatibilidades, que, entre otras cosas, establece un plazo mínimo de dos años para que los altos cargos públicos puedan pasar a serlo de "empresas o sociedades relacionadas con las competencias desempeñadas".

Un asesor no decide, pero influye, y el director de la Oficina Económica del Presidente lo hace de manera muy directa sobre quien más poder de decisión tiene; no hay duda, por tanto, de que el espíritu de la norma impide ese tránsito; pero también su letra, ya que el cargo de Taguas implicaba formar parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que toma acuerdos sobre asuntos de ese ámbito. Es decir, entre otros, sobre materias relacionadas con las obras públicas.

El dictamen que debe emitir la institución encargada de las incompatibilidades, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, tendrá que determinar si entre las decisiones concretas tomadas por esa Comisión figuran algunas relacionadas con los intereses que representa SEOPAN. Pero incluso si no se hallaran, seguiría siendo de difícil aceptación que un asesor tan directo del presidente diera ese salto. El carácter impreciso, no reglado, de las competencias de la Oficina Económica, sobre el que llamó la atención el vicepresidente Solbes, favorece seguramente la opacidad; sería buena ocasión para delimitar sus tareas.

Ilustra el problema a prevenir la parábola evangélica del mayordomo infiel, que negocia rebajas con los deudores de su señor antes de abandonar el puesto, para así contar con gente que le deba algo en el futuro. Casos como el de Gerhard Schröder, que pasó de canciller de Alemania a directivo de la empresa rusa Gazprom, con la que su Gobierno había negociado contratos públicos, provocaron un justificado escándalo. La democracia implica una confianza básica entre representantes y representados, pero para alimentarla es necesaria una legislación estricta contra la confusión entre intereses públicos y privados. Y aplicarla sin excepciones.