Imputado el general que vendía los terrenos de Defensa con el PP

El general de brigada en la reserva Juan Antonio Miguélez Paz, máximo responsable de las enajenaciones de terrenos e inmuebles del Ministerio de Defensa con el Gobierno del PP, ha sido imputado por un juzgado de Madrid por los presuntos delitos de prevaricación y fraude.

Tanto el general Miguélez, ex director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED), como el teniente coronel José Luis Bastabad Amado, jefe de Gestión Patrimonial del mismo organismo, comparecieron el pasado 4 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid para declarar, en calidad de imputados, por una denuncia de la Fiscalía. La denuncia se refiere a la venta, en el año 2000, de la vivienda del jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la Enfermería de la misma dependencia, por un importe de 180.662 y 137.094 euros, respectivamente.

Ambos inmuebles se enajenaron por venta directa, después de que se declarasen desiertas las correspondientes subastas. El problema deriva de que las características que figuraban en los anuncios de las subastas no coincidían con las inscritas en el Registro de la Propiedad, lo que explica que no acudiese ningún licitador. En la primera, por ejemplo, existía una edificación de dos plantas y 566 metros cuadrados que no estaba legalizada.

Finalmente, la propiedad se adjudicó por venta directa a un particular, quien la adquirió por el precio de salida de la segunda subasta, que era un 15% inferior al importe de la tasación.

Se da la circunstancia de que la carta con la que la Gerencia aceptó la oferta del comprador está fechada el 27 de marzo de 2000, mientras que la oferta no se presentó hasta un día después. Sobre la carta del comprador figuraba una nota manuscrita del teniente coronel Bastabad con el siguiente texto: "Urgente. Dámela en cuanto se presente".

Antes de firmar la venta, la Gerencia inscribió correctamente en el registro los datos de la propiedad y legalizó el edificio preexistente, por lo que enajenó un inmueble distinto al que ofreció en la subasta. El mismo procedimiento se siguió para la venta de la enfermería.

Tribunal de Cuentas

Estas irregularidades, y otras muchas, fueron desveladas por la investigación que la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas realizó sobre las enajenaciones inmobiliarias de la GIED en los ejercicios de 1999 a 2002. Sólo en este periodo, dicho organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa, vendió un total de 618 inmuebles, de los que más de la mitad (378) fueron enajenados mediante adjudicación directa, por un importe superior a los 600 millones de euros.

El anteproyecto de informe se presentó hace un año en el pleno del Tribunal de Cuentas pero los consejeros elegidos a propuesta del Grupo Popular, que eran mayoría, se opusieron a su aprobación, en lo que constituye un caso sin precedentes en este organismo fiscalizador, por lo que el documento quedó aparcado y nunca se remitió al Parlamento, como es habitual.

No obstante, el fiscal del Tribunal de Cuentas, cumpliendo con su obligación, dio cuenta a sus superiores jerárquicos de aquellos asuntos que, más allá de las irregularidades contables, presentaban indicios de ilícito penal. En su opinión, esto ocurría como mínimo con la venta de los inmuebles de Tarifa (Cádiz) y del cuartel de Boltaña (Huesca), que compró el Ayuntamiento de dicha localidad por 543.000 euros, cuando su valor catastral superaba los 720.000.

Mientras en este último caso el posible delito, de existir, ya habría prescrito, no sucedía lo mismo con las ventas de Tarifa, por lo que el fiscal presentó en enero pasado una denuncia que fue admitida a trámite por el Juzgado número 39 de Madrid.