De campo de tiro a negocio privado

La fiscalización de la gestión de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED) no sólo ha dado lugar a la apertura de diligencias penales en un juzgado de Madrid sino también de una pieza separada, por responsabilidad contable, en el Tribunal de Cuentas.

Esta pieza está pendiente de que la Sala de Justicia de dicho tribunal examine el recurso que, por indefensión, ha presentado el general Miguélez. Si su recurso no prospera, dicho militar deberá someterse a un juicio de cuentas.

El objeto de la investigación es la venta de la finca El Rosalejo, que el Ministerio de Defensa adquirió en 1989 para el polígono de tiro que el Ejército del Aire planeaba instalar en Anchuras (Ciudad Real). La compra se hizo mediante permuta, de forma que los dueños de El Rosalejo, con 2.781 hectáreas de extensión, recibieron una finca del Estado, llamada La Viñuela II, con 3.778 hectáreas.

En 1998, después de que Defensa renunciase al polígono de tiro de Anchuras, los antiguos dueños de El Rosalejo pidieron que se les devolviera la finca. Pero no plantearon deshacer la permuta, sino comprar ésta por un "justo precio" y conservar ambas. Tras una inicial negativa, que llevó a los particulares a presentar un recurso ante los tribunales, la Gerencia accedió a la adjudicación directa de la finca "por concurrencia de circunstancias excepcionales".

La adjudicación no sólo incumplió los trámites previstos en la ley, que exige un dictamen del Consejo de Estado, sino que se hizo por un precio que los técnicos de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas estimaron inferior en al menos un 40% al valor real. Para demostrarlo, bastan los siguientes datos: las fincas El Cijaral y El Rosalejo fueron tasadas en 1999 por un valor similar (2.281 euros por hectárea, la primera y 2.046, la segunda). Sin embargo, El Cijaral fue vendida en subasta a 3.199 euros por hectárea en abril de 2000; mientras que El Rosalejo se adjudicó al precio de tasación en octubre de 2001.

Más claro: los antiguos dueños de El Rosalejo vendieron por 10,1 millones de euros al Ministerio de Medio Ambiente la finca La Viñuela II, que recibieron a cambio de El Rosalejo; y recompraron El Rosalejo al Ministerio de Defensa por 5,8 millones. Casi un 50% de beneficio.