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El regidor de Torremolinos desacredita al Tribunal de Cuentas

El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, se ha mostrado desconsiderado con la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas sobre el uso dado a 11 millones de euros que el consistorio ingresó en 2004 por venta de suelo. "El Tribunal de Cuentas está politizado y así hay que interpretar su actuación", ha dicho Fernández Montes, quien lamenta que el órgano fiscalizador, "sin escuchar siquiera a la parte interesada se preste a ofrecer noticias tendenciosas".

El alcalde de Torremolinos considera que "el Ayuntamiento ya contestó oportunamente que el dinero ingresado por exceso de aprovechamiento ha sido invertido de acuerdo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía".

La Cámara de Cuentas de Andalucía no pudo fiscalizar el destino que los ayuntamiento de Torremolinos, Benalmádena y Níjar dieron al dinero que ingresaron en 2004 por gestión de sus patrimonios de suelo ya que "carecen de un control específico de los mismos", lo que constituye un incumplimiento de las Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Por ese motivo, el Tribunal de Cuentas, a instancias de la fiscalía, ha abierto un procedimiento para depurar la posible responsabilidad contable y, si se hubieran producido daños al erario público de esos municipios, exigir el resarcimiento de los mismos.

Esclarecimiento

El portavoz municipal del PSOE en Torremolinos, Juan Ortuño, ha saludado la apertura de la investigación que considera un "salto hacia adelante para el esclarecimiento de las irregularidades en la gestión del patrimonio de suelo en Torremolinos y el oscurantismo del equipo de gobierno". Ortuño ha recordado que el PSOE tiene denunciada en la Fiscalía que el Ayuntamiento cobró y gastó de forma indebida 16,6 millones de euros en concepto de anticipo por dos convenios urbanísticos antes incluso de que éstos fueran aprobados por el pleno.

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El ex alcalde de Benalmádena Enrique Bolín, bajo cuyo mandado el consistorio ingresó en 2004 tres millones de euros por venta de suelo sin los controles exigidos por la ley, ha declinado pronunciarse sobre la decisión del Tribunal de Cuentas. Su sucesor, Javier Carnero (PSOE), ha recordado que su partido ya denunció en 1998 irregularidades similares y confía en que todo se aclare y que los responsables de las anteriores corporaciones "den las oportunas explicaciones".

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