Cataluña no abrirá las escuelas públicas a la gestión privada

Pretendía hacerlo con prudencia, casi con cuentagotas, pero al final el Gobierno catalán ha decidido renunciar a su propuesta de abrir las escuelas públicas a la gestión privada. La propuesta abría la puerta a la gestión indirecta de centros públicos por entidades sin ánimo de lucro. Pero al final se ha caído del texto que han acordado los tres socios de Gobierno catalán -PSC, ERC e ICV- para llevar adelante la primera ley de educación catalana. Los tres partidos han cerrado un acuerdo para tener lista esta misma semana un borrador de la ley.

Habrá medidas para repartir a los alumnos inmigrantes, que ahora se concentran mayoritariamente en centros públicos. La Generalitat quiere incorporar a la ley catalana preceptos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) sobre la escolarización de inmigrantes, pero añadiendo otras medidas.

En el texto se mantienen los principales cambios que anunció el consejero de Educación, Ernest Maragall, a finales del año pasado. El primero, que causa recelos en la mayoría de los sindicatos, es la evaluación de los centros y de la actividad docente. Se creará para ello una Agencia de Evaluación. Se pretende que este ente tenga un perfil menos vinculado al Departamento de Educación que el actual Consejo Superior de Evaluación. Se plantea para ello que el presidente de la futura Agencia de Evaluación lo nombre el Gobierno de la Generalitat.

Ligado a la evaluación, el segundo cambio importante, es dar más autonomía a las escuelas e institutos y más poder decisorio a las direcciones. El fracaso escolar (alumnos que no acaban secundaria) ronda el 28% en Cataluña y los alumnos que no siguen ningún estudio posterior a la secundaria -ni bachillerato ni formación profesional- son el 40%.

Se pretende dar medios a los centros para que mejoren los resultados. Los directores intervendrán en la selección del profesorado. Éstos quedarán adscritos a zonas y no a centros como pasa ahora.

Se mantiene, igualmente, que la escuela sea obligatoria a partir de los tres años, en lugar de a los seis, como ocurre ahora en toda España. El 98% de los niños de tres a cinco años ya están escolarizados. Pero la Generalitat considera que avanzar la escuela obligatoria ayudará a dar igualdad de oportunidades desde edades tempranas a los más desfavorecidos. El Ministerio de Educación dice que está a la espera de conocer el articulado de la ley para pronunciarse sobre este aspecto, ya que por ley estatal la escuela empieza a los seis años.