Xunta y Ayuntamiento acuerdan hacer un nuevo plan urbanístico en Ourense

Recurrir la sentencia y renovar el plan general. Esta es la receta negociada ayer por la conselleira de Política Territorial, María José Caride, y el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, 24 horas después de conocerse el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el Plan General de Ordenación Municipal, aprobado en 2003 por el gobierno local del Partido Popular. Caride y Rodríguez coincidieron en el pronóstico: la situación es grave, pero no irreversible. Para salir del atolladero, tratarán de ganar tiempo con el recurso ante el Tribunal Supremo, mientras ponen en marcha la pesada maquinaria de la renovación del plan.

Caride y Rodríguez dudan del alcance de la renovación del planeamiento

El gobierno local insta al PP a "pedir perdón por lo que ha hecho"

La única velada discrepancia entre Caride y el alcalde consiste en el alcance que debe tener el nuevo planeamiento. Así, mientras la conselleira se refirió en todo momento a un plan completamente nuevo, Francisco Rodríguez abogó por "salvar lo que se pueda salvar" e ir a por una modificación limitada del plan, anulado por discrepancias entre los planos expuestos al público y los aprobados finalmente. No obstante, uno y otro evitaron adelantar acontecimientos y se comprometieron a estudiar "la mejor solución posible". "En todo caso, lo decidirán los técnicos", matizó el alcalde.

La Xunta y el Ayuntamiento comenzarán en los próximos días a redactar el pliego de condiciones para la adjudicación del nuevo plan, que la Consellería de Política Territorial financiará en un 50%, como ocurre con los restantes planeamientos de las ciudades gallegas. "Nuestro apoyo será tanto técnico como financiero", declaró Caride. El socialista Francisco Rodríguez, mientras, apuntó: "Vamos a poner en marcha una solución responsable para una irresponsabilidad del gobierno municipal del Partido Popular".

El alcalde orensano combinó está acusación con un llamamiento al consenso "político y social" que hizo extensivo al PP. "Insistiré en cualquier posibilidad de acuerdo", aseguró Rodríguez, cuyo partido gobierna Ourense en coalición con el BNG, que apostó por el acuerdo como base para el nuevo plan.

Pese a la sentencia, el gobierno local mantiene las previsiones del desarrollo urbanístico de la ciudad. "No se paralizará ningún proyecto, seguimos gestionando la ciudad y diseñando el futuro", manifestó la concejala orensana de Urbanismo, la socialista Áurea Soto. De hecho, en los próximos días, mientras se redacta el recurso de casación ante el Supremo, su departamento continuará con el desarrollo de los proyectos de creación de suelo industrial, empresarial, agropecuario y para I+D+i. En total, más de tres millones de metros cuadrados de terreno en el municipio, sobre el que se asentarán las operaciones de futuro de la ciudad. Paralelamente, el gobierno local gestionará la incorporación de los viales del tren que cruzan la ciudad y que se liberan como consecuencia de la desviación, fuera de la ciudad, del AVE.

"El plan del PP se había puesto las botas con el suelo residencial, pero no previó en absoluto de qué iban a vivir las personas", destaca Soto, justificando la necesidad de poner en marcha los nuevos suelos. La edil de Urbanismo pide calma y colaboración. "No comprendo cómo el PP no ha pedido todavía perdón a la ciudadanía por lo que ha hecho", repite, mientras garantiza inversiones y gestión municipal y destaca que su grupo ya venía trabajando previendo la nulidad del planeamiento. "Estaba claro que era ilegal, por eso nos propusimos, desde que accedimos al Ayuntamiento, empezar con las revisiones puntuales para ir acometiendo las obras de futuro".

Los cuatro nuevos tipos de suelo industrial, el AVE y los proyectos termales de la ciudad "seguirán gestionándose" como hasta ahora. Esto es, con las mencionadas revisiones puntuales. El objetivo que se marca el grupo de gobierno al recurrir ante el Supremo la sentencia que anula el planeamiento, y que socialistas y nacionalistas comparten, es únicamente el de ganar tiempo. Si el recurso es admitido a trámite, los actuales dirigentes municipales dispondrán de tres años para redactar el nuevo planeamiento, mientras adaptan el actual a los proyectos que han aprobado. Esa táctica ya se ha venido empleando en los últimos meses, considerando que el planeamiento que dejó el PP "sólo preveía viviendas".

La única zona de la ciudad a la que no afecta la nulidad del plan es el casco histórico, protegido por un Plan Especial de Reforma Interior. De esta forma, la empresa Xardín das Burgas, propietaria del terreno situado en A Burga, en el corazón de la ciudad, mantiene sus privilegios. "Hasta en esto tuvimos mala suerte", se lamentaba ayer el teniente de alcalde, responsable del área de termalismo, Alexandre Sánchez Vidal.

El alcalde, mientras, garantizó también ayer el desarrollo de la ciudad. "No se frenará tampoco el sector de la construcción, tan sensible en nuestra economía", destacó, con el compromiso de que se cumplirán todos los plazos previstos en servicios e inversiones.