Industria paraliza el plan eólico hasta que lo revise en profundidad

El plan eólico del Gobierno se paraliza. El Departamento de Industria ha adjudicado otros cuatro parques eólicos y ha aceptado revisar todo el proyecto aprobado en 2002, cuestionado en los últimos años por sus afecciones medioambientales. Hasta conocer los resultados de este análisis, no volverá a autorizar ninguna instalación más.

Esta decisión confirma lo que se veía inevitable desde hace ya dos años: se va a incumplir el vigente plan energético, que se planteaba crear para 2010 parques de aerogeneradores con una potencia total de 624 megawatios (mw), el 1,7% del total de energía que se quería generar para ese año. La potencia actual suma 153 mw y con los adjudicados, si pasan el filtro final de Medio Ambiente, se llegará a 444 mw, el 71% de lo previsto.

Industria ha elegido a las empresas que pueden explotar los parques de Montes de Iturrieta, Arkamo y Cruz de Alda, todos ellos con 50 mw y ubicados en Álava, y el de Gazume en Guipúzcoa, de inferior potencia (16 mw). Todos forman parte de la segunda fase del plan eólico. A ellos se unen 11 miniparques (de una potencia sobre los 10 mw). La consejería renuncia al de Kolometa (Vizcaya), rechazado por la Diputación al emplazarse en el espacio natural del Gorbea.

Cuatro desestimados

El Ejecutivo ha tenido que renunciar así a cuatro de los proyectos previstos en el plan aprobado en 2002. Primero fue el de Ordunte, que supuso un punto de inflexión en la energía eólica: por vez primera en su historia el Departamento de Medio Ambiente emitía una declaración de impacto negativa a un proyecto industrial avanzado por los daños "irreversibles" que habría causado a la naturaleza. Además han caído los de Kolometa, Ganegokorta (Vizcaya) y Mandoegi (Guipúzcoa), únicos pendientes de la primera fase del plan del Gobierno, que incluía los de Elgea, Urkilla y Badaia (en Álava) y el de Oiz, en Vizcaya, todos ya en funcionamiento.

Industria aseguró ayer que abordará ahora la revisión del plan, exigida por un acuerdo del Parlamento del pasado 14 de marzo, y no autorizará de forma definitiva ninguno de los parques adjudicados hasta conocer los resultados de ese análisis.

Los trámites de las cuatro instalaciones adjudicadas se demorarán más de un año, ya que las empresas tienen seis meses para presentar el proyecto de cada parque y el estudio de impacto ambiental. Luego vienen la información pública, el informe de Industria con las alegaciones recibidas y, finalmente, la declaración de impacto de Medio Ambiente, que puede paralizar cualquier parque.