Juicio al descontrol de fondos públicos

La comparencia parlamentaria de la consejera de Cultura, Miren Azkarate, y del director del Museo Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, sobre el desfalco cometido en la pinacoteca durante ocho años por su ex director financiero, Roberto Cearsolo, derivó ayer en un juicio completo a la falta de transparencia y controles suficientes en la gestión de las sociedades y empresas participadas con fondos públicos. Desde Aralar hasta el PSE, pasando incluso por sus socios de EA, Azkarate se encontró con que todos los grupos trascendían el caso concreto del casi medio millón de euros que se llevó Cearsolo a su bolsillo de los fondos del museo, para poner el acento en esa falta generalizada de control, muchas veces denunciada en el Parlamento y siempre rechazada por el Gobierno.

Todos los grupos reprocharon la falta generalizada de sistemas de control

"¿Quién garantiza que no hay más irregularidades en las demás sociedades públicas?", puso el dedo en la llaga la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro. Fue la primera en exigir que el desfalco del museo sirva de "punto de inflexión" para un cambio en profundidad sobre los controles en todas las sociedades gestionadas con dinero público, como la Sociedad Tenedora de la colección del museo, participada al 50% por el Gobierno y la Diputación, y la Inmobiliaria, de la que son socios estas dos instituciones y el Ayuntamiento de Bilbao. De ambas defraudó los fondos Cearsolo.

En el aire quedaron los reproches sobre las recomendaciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no atendidas por el Ejecutivo y la exigencia de responsabilidades políticas, cuya existencia Azkarate no admitió cuando fue interpelada directamente por la socialista Isabel Celaá, quien se declaró "estupefacta por la falta de autocrítica"y señaló que lo ocurrido "no es un mero accidente". "¿Tiene alguna autocrítica que hacer, se siente responsabile política del desfalco?", le preguntó, tras acusarle de haber mantenido una "resistencia activa" al aumento de los controles. Azkarate respondió negativamente: "Las responsabilidades políticas del Gobierno han sido correctamente ejercidas", sostuvo, haciendo extensiva esa defensa a la Diputación vizcaína. Sí admitió que ha "fallado" el control financiero.

La avalancha en que se convirtieron todas las intervenciones obligó a Azkarate a admitir al final de su comparecencia que hace falta "repensar y reformular el control que necesitan las entidades participadas por instituciones públicas" para hacerlos "más exhaustivos" y a mostrar la "total disposición" del Gobierno a analizar las propuestas que se hagan en el Parlamento. Hasta la portavoz de EA, Idoia Cuadra, lo había pedido dos veces.

El debate se desarrolló en un clima de gran corrección, aunque los grupos no prescindieron de la dureza y la insistencia en reiterar las preguntas que consideraban no contestadas. Así logró Ezenarro que la consejera hiciese aportar a Vidarte los nombres de las dos empresas que figuran como razón social en una de las cuentas a las que Cearsolo transfirió dinero. En una sala contigua a la de la comisión seguían las explicaciones de ambos los integrantes de la plana mayor del museo.

El PP logró el compromiso de la consejera de no oponer "ningún problema" a la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento. Su portavoz, Carmelo Barrio, señaló que "el daño está hecho", consideró que lo ha propiciado "el control unilateral de un partido", por el PNV, sobre el museo y pidió al Gobierno que deje al Parlamento "ponerse a la cabeza del control" para reparar ese daño.