"Solicitamos a Su Majestad..."

No era cuestión de esperar más. Un día después de la muerte de Franco, el 21 de noviembre de 1975, don Juan Carlos de Borbón recibía un telegrama: "En ocasión de su coronación solicitamos a Su Majestad proclame amnistía general para los presos políticos en España". Llegado desde el Reino Unido, Amnistía Internacional no era por aquel entonces un movimiento legal en nuestro país, y tuvo que esperar para serlo hasta el año 1978. Un año antes, en 1977, la organización había recibido el Premio Nobel de la Paz, y ese mismo año el Premio de Naciones Unidas, pero también empezaba a acumular detractores; Ahmed Sekú Turé, presidente de Guinea en ese momento, se defendía ante la prensa de un informe sobre su país diciendo: "Si desean saber lo que realmente pienso, les diré que Amnistía Internacional es una basura".

La tortura se practica en más de 100 países, y EE UU incluso ha legalizado algunas de sus formas

Las políticas públicas para combatir el racismo y la xenofobia en España son inexistentes

Hoy cumplimos 30 años en España, y aunque el mundo ha cambiado mucho desde entonces, la independencia e imparcialidad de Amnistía Internacional, que no admite fondos de Gobiernos nacionales, sigue siendo incómoda para políticos, Gobiernos y grupos armados en todo el mundo. Hace pocos meses, un dirigente del Partido Socialista de Navarra declaraba, tras la publicación de nuestro informe sobre torturas en España, que "Amnistía Internacional ataca a las instituciones democráticas del Estado", mientras que la Confederación Española de Policía nos definía como "la vergüenza de las ONGs españolas".

Cuando esta organización solicitó el año pasado que las mujeres puedan acceder a servicios de salud oficiales cuando sean violadas o surjan complicaciones derivadas del embarazo, el Consejo de Justicia y Paz del Vaticano pidió a los católicos "no más financiación para Amnistía Internacional después de su giro proabortista". En agosto de 2006, el grupo armado Hezbolá declaró que "Amnistía, al criticar las acciones de Hezbolá junto con las de Israel, ha tratado de equiparar al verdugo con la víctima", cuando denunciábamos los ataques a la población civil en Israel.

Que Amnistía Internacional haya recibido críticas furibundas de Gobiernos e instituciones de todo pelaje es sano, porque revela que es incómoda y relevante en las sociedades en las que opera. El puñado de pioneros y pioneras que se reunían en la calle Columela de Madrid bajo los tiros y las bombas incendiarias de grupos paramilitares a finales de los setenta son hoy, sólo en España, más de 50.000 personas que sostienen a la organización, junto a más de un millón de personas que se movilizan anualmente a través de Internet.

¿Y qué ha sido de los derechos humanos en España y en el mundo en estos 30 años? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué queda por hacer? Estas son las preguntas que nos hacemos en nuestro aniversario.

En España contribuimos a que se aboliera la pena de muerte, aunque queda por eliminar una frase del artículo 15 de la Constitución: "salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra". En el mundo, afortunadamente, se baten en retirada los verdugos a cargo de los presupuestos generales del Estado; aunque el año pasado se ejecutó, que sepamos, a unas 1.200 personas, ya hay 135 países que no ejecutan a nadie.

Ha avanzado también la justicia universal; cuando en 1998 un policía británico detuvo en Londres a Pinochet por orden de un juez español por las violaciones de derechos humanos cometidas en Chile, todo el mundo comprendió que el mundo era ya una aldea global donde los criminales y los dictadores tienen más difícil esconderse. ¿Quién hubiera pensado hace 30 años que más de cinco ex presidentes de Gobierno en América Latina estarían hoy detenidos o procesados por crímenes cometidos contra sus ciudadanos, o que se establecería un Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes más atroces contra la Humanidad, o que se procesaría a Thomas Lubanga, reclutador de niños y niñas soldado en la República Democrática del Congo? ¿Quién hubiera previsto entonces que la Audiencia Nacional en España iba a aceptar a trámite demandas penales por violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina, Chile, Guatemala, Tíbet o Ruanda?

Dos ejemplos más de la evolución de los derechos humanos en España en este periodo: entonces se encarcelaba por objetar al servicio militar; hoy soldados profesionales forman las Fuerzas Armadas españolas. A mediados de los noventa, Amnistía Internacional, junto a Greenpeace e Intermón Oxfam, denunciaba el secretismo de las exportaciones de armamento desde nuestro país: el año pasado se aprobaba una Ley de Comercio de Armas que lo hará mas transparente y debería evitar que las armas acaben en manos de Gobiernos que las utilizan contra sus ciudadanos.

La experiencia demuestra que todo es posible con la suma de miles de acciones individuales, y con la movilización de las personas. Si Amina Lawal y Safiya Husseini no fueron lapidadas hasta la muerte en Nigeria hace unos años fue porque Amnistía Internacional en España supo canalizar la indignación de nueve millones de personas. Si se ha conseguido un compromiso en la Asamblea General de Naciones Unidas para crear un Tratado Internacional que regule el comercio de armas fue porque un millón de personas presionaron a los Gobiernos del mundo.

Pero también hay logros en riesgo, como la prohibición absoluta de la tortura. En 1984 entraba en vigor la Convención Contra la Tortura de la ONU que la prohibía sin matices. Después de los atentados del 11-S no sólo hemos documentado que la tortura se da todavía en más de 100 países del mundo, sino que Gobiernos democráticos como el de Estados Unidos la han legalizado en la práctica al aprobar al más alto nivel "la bañera" y otros métodos brutales, y al dictar la Ley de Comisiones Militares, que, en determinadas circunstancias, acepta las declaraciones obtenidas bajo tortura como prueba ante un tribunal de justicia.

¿A qué retos de derechos humanos nos enfrentamos hoy en España? ETA continúa matando, y el asesinato del ex concejal Isaías Carrasco es el último sangriento recordatorio de los riesgos que corren día a día amplios sectores de la población en el País Vasco, sometidos a amenazas y hostigamiento. El 10% de la población en España es extranjera, y sin embargo las políticas públicas para combatir el racismo y la xenofobia basculan entre la desgana y la invisibilidad y están a la cola de Europa, mientras los controles fronterizos son casi la única respuesta a la inmigración ilegal que se cobra anualmente unas 3.000 vidas. La tortura no se reconoce como un problema en nuestro país, a pesar de que todos los organismos internacionales constatan que está extendida y es persistente, y que se ceba especialmente con los inmigrantes. Varios de estos organismos han pedido que se suprima el régimen de incomunicación que se aplica a personas acusadas de terrorismo, que se extendió a 13 días en los últimos años, o que se le dote de mayores garantías como el uso de videocámaras en los interrogatorios. En los últimos años, por fin, la violencia de género se ha reconocido como un problema serio de derechos humanos, pero la falta de recursos, entre otras razones, ha hecho que más de 250 mujeres hayan muerto a manos de sus compañeros o ex compañeros en los últimos años.

Pero si hay un reto universal al que debemos enfrentarnos en los próximos años es el de la pobreza como violación de derechos humanos. En estos últimos 30 años, a pesar de todas las promesas, los pobres, especialmente en África, son mucho más numerosos. Millones de personas no tienen acceso ni a la salud ni a la educación; son víctimas de desalojos forzosos y son condenados al hacinamiento, a la miseria y a la muerte. Debemos conseguir que las víctimas del "crimen de pobreza" puedan reclamar, como las víctimas de la tortura, en los tribunales de justicia, y que sus responsables directos comparezcan en el banquillo de los acusados. Encontrar y juzgar a los "perpetradores de la pobreza" es el mayor reto al que nos enfrentamos. Hace 30 años liberábamos presos de conciencia; hoy hay que liberar también a los "presos de la pobreza".

Esteban Beltrán Verdes es director de Amnistía Internacional.