La primera gran causa contra el ex asesor marbellí

El caso Saqueo 1 sacó a Juan Antonio Roca de su estudiado anonimato hace seis años. El ex asesor de urbanismo fue detenido junto al ex alcalde Jesús Gil y Gil y otros cinco colaboradores, acusados de desfalcar 36 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella. Aquella vez, Roca pasó una sola noche en prisión, el tiempo que tardó en reunir entre amigos y familiares los 450.000 euros que el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo le había impuesto como fianza.

Por esta causa, en la que Roca está acusado de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, el fiscal ha solicitado 10 años de prisión.

Roca considera este caso, en manos del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, como uno de los más importantes por los que está procesado. En la lista, que supera las 40 causas, también ocupan un lugar destacado el caso Saqueo 2, también instruido por la Audiencia Nacional, o el caso Malaya, por el que recuperó la libertad hace nueve días, después de pasar dos años en prisión preventiva.

El caso Saqueo 1 comenzó a instruirse a raíz una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en 2001. La causa, por la que han pasado varios instructores, investiga el presunto desvío de dinero del Ayuntamiento de Marbella a través de sociedades municipales.

Por orden de Gil

Según el fiscal, el abogado José Luis Sierra, asesor jurídico de Jesús Gil, diseñó el sistema de sociedades municipales, su estructura, funcionamiento y gestión para poder obtener los resultados "indicados por el entonces alcalde de Marbella". El escrito de acusación asegura que Gil ordenó transferencias de dinero de cuentas bancarias del ayuntamiento a las de sociedades como Contratas 2000, Jardines 2000 o Planeamiento 2000, de la que fue nombrado gerente Juan Antonio Roca y que se dedicaba a la confección de documentos para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, la formalización de convenios y la gestión urbanística.

Para disimular a esa distracción de fondos se incluyó en los libros oficiales "una serie de anotaciones que reflejaban supuestas facturas que no respondían a ninguna realidad de servicios prestados ni operación económica alguna, emitidas por sociedades inactivas", según el fiscal.