Las Cortes reclaman suelo para vivienda protegida

El pleno de las Cortes destiló ayer una sorprendente unidad de criterio entre el PP y el PSPV en torno a la generación de suelo para la promoción de viviendas protegidas, por un lado, y a una nueva regulación del sistema de identificación personal para acceder a las prestaciones sanitarias como instrumento para reclamar con más éxito la factura que genera la atención médica a ciudadanos de otras comunidades o extranjeros. Compromís se desmarcó en ambos casos de los dos partidos mayoritarios.

La diputada socialista María José Salvador defendió un proyecto de decreto elaborado por el PSPV que pretende implicar a los Ayuntamientos en la generación de suelo disponible para la promoción de viviendas protegidas como vía para paliar el descenso de actividad impulsada por la iniciativa privada en el sector de la construcción sin mermar el derecho constitucional de acceso a la vivienda.

Verónica Marcos, del PP, aseguró que el Consell trabaja en un decreto similar desde hace meses para modificar la Ley Urbanística Valenciana, pero planteó un texto que insta al Consell a "agilizar la promulgación de un decreto ley de medidas urgentes de fomento de la creación de suelo para la construcción de vivienda protegida".

Salvador aceptó y Marcos quiso estirar el acuerdo "con el objetivo de que el urbanismo no sea motivo de confrontación política". Pero la diputada socialista puntualizó: "No se debate un pacto por el urbanismo, sino un decreto para la reserva de suelo para vivienda protegida".

Los dos grandes grupos también votaron juntos a favor de una ley de aseguramiento del sistema sanitario público. Manuel Cervera, consejero de Sanidad, aseguró que la nueva ley, que recopila normas dispersas en torno al sistema de identificación personal (SIP, la tarjeta sanitaria), es una herramienta para facturar a otras comunidades autónomas o Estados europeos los costes que genera la atención a los desplazados o residentes extranjeros, una factura que "supera los 210 millones de euros, un déficit imposible de asumir".

El socialista Ignacio Subías apoyó la recopilación de normas dispersas y solo expresó dudas hacia el sistema sanitario "económicamente sostenible" que cita el texto.

Marina Albiol, de Compromís, rechazó la norma por innecesaria y alertó sobre las "malas sensaciones" que provoca una posible regulación restrictiva del acceso a la tarjeta sanitaria.