El Ayuntamiento de Castellón culpa al Consell de su bancarrota

El Ayuntamiento de Castellón echó ayer la culpa de su bancarrota al Consell de la Generalitat. El equipo de gobierno local, que preside el alcalde popular Alberto Fabra, se quitó las pulgas de encima como hace habitualmente el Consell y, a falta de argumentos para responsabilizar de su situación de quiebra técnica al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, apuntó hacia la Generalitat. La crítica a la mala gestión municipal, que es uno de los principales motivos de la bancarrota, estuvo ausente.

El plan de estabilidad plantea un "nuevo sistema de financiación local"

En cualquier caso, las actitudes victimistas se expanden

El vicealcalde Javier Moliner reclamó a la Generalitat que abone los 6,3 millones de euros que adeuda a la Corporación por distintas infraestructuras ya realizadas. "Quien debe, paga", indicó el vicealcalde, que no se anduvo con tapujos ni ambigüedades a la hora de responder sobre la morosidad de la Generalitat con el Ayuntamiento de la capital de La Plana.

"Exigiremos a la Generalitat que pague las transferencias pendientes, como no puede ser de otra forma y cuanto antes", dijo. Esta deuda asciende, según el grupo municipal socialista, a 6,3 millones de euros, y ha provocado, entre otras cosas, que el Ayuntamiento de Castellón se vea obligado a aprobar, en el pleno que se celebrará hoy, un plan económico y financiero exigido por la ley para garantizar la estabilidad presupuestaria.

La cultura del victimismo político amenaza con extenderse a nivel provincial y local. En Alicante, el portavoz socialista en la Diputación, Roque Moreno, denunció que el Consell desvía fondos previstos para esta provincia a la de Castellón, lo que impide abordar distintas infraestructuras.Javier Moliner optó por no obviar el incumplimiento de los compromisos económicos que el Consell tiene contraídos con la ciudad de Castellón, pero no desaprovechó la ocasión de criticar al Gobierno central, con una deuda tres veces menor que la de la Generalitat, tal y como admitieron los socialistas. "No se puede dar la circunstancia de que deba nada porque ha ninguneado sistemáticamente a la ciudad", señaló Moliner.

El plan de estabilidad, que habrá de ser tutelado por la propia Generalitat, no solo recoge la necesidad de sanear la contabilidad municipal, sino que aborda el problema de forma más generalizada. Así, el documento, firmado por el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, afirma que resulta "necesario" abordar la segunda descentralización administrativa y contar con un "nuevo sistema de financiación local" y marca, como medidas para aumentar los ingresos, la relativa a transferencias corrientes, que son las que se efectúan desde otras Administraciones a las arcas municipales. "Reivindicar una mayor implicación del resto de Administraciones en la financiación ordinaria de los Ayuntamientos (...) y materializar la participación de los Ayuntamientos en los tributos de la Generalitat valenciana, creándose un fondo autonómico de cooperación local", indica el plan entre las medidas programadas.

La demanda contrasta con la actitud de Alberto Fabra, también diputado autonómico, y su grupo parlamentario, que hace apenas 15 días rechazó una proposición de ley socialista para crear un fondo autonómico de cooperación local. La iniciativa legislativa contó, además, con el rechazo del Consell. En esta propuesta se reclamaba que se crease un fondo para los municipios con el 2,5% de los ingresos de la Generalitat y un mínimo de 300 millones de euros y que se distribuyese sobre la base del criterio de población entre los Ayuntamientos.

Alberto Fabra tendrá oportunidad de volver a pronunciarse en breve, ya que los socialistas tienen previsto presentar como moción municipal su propuesta de creación de un fondo de cooperación local.

En cualquier caso, las actitudes victimistas se expanden. El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Roque Moreno, denunció ayer que la "guerra entre Camps y Ripoll" ha vuelto a suponer una "sangría" para Alicante. Moreno criticó el anuncio realizado el pasado jueves en las Cortes Valencianas por el vicepresidente Vicente Rambla en el que dio cuenta del desvío de cuatro millones de euros procedentes de los Fondos de Compensación Territorial, que aporta el Gobierno a la Comunidad Valenciana, y dirigidos a proyectos en la provincia de Alicante a inversiones en otros puntos, principalmente a Castellón.

Moreno detalló que entre los fondos que se le detraen a Alicante se anula la partida de 1,3 millones enviada por el Gobierno para la canalización de aguas pluviales hasta el río Verde, entre Onil y Castalla. En la misma línea, más de dos millones de los seis previstos para la ampliación del Hospital de Elda se envían a un centro en Valencia.

"Alicante vuelve a perder, como ya le ocurrió cuando el PP hizo el presupuesto de la Generalitat porque, con Camps, Alicante siempre pierde", lamentó el portavoz socialista en la Diputación.

Por otra parte, junto a la exigencia de que el Consell pague lo que adeuda al Ayuntamiento de Castellón, el equipo de gobierno local anunció ayer que apoyará la declaración institucional que presentará el PSPV para exigir al Consell que agilice los trámites para la ejecución de la carretera CV-10 cuyo proyecto básico y estudio de impacto ambiental están publicados desde 2005.